En nuestro
sistema, las cortes, los fiscales y la policía tramitan el ajuste de derechos
y deberes que mantienen la paz y la seguridad social, deslindando delitos y
conductas criminosas o permitidas en la Constitución y los códigos, civiles o
penales.
En
Puerto Rico, a partir del 1902, ese sistema, con enmiendas que ajustan la
realidad al derecho y vice-versa, ha funcionado con efectividad aceptable,
aunque no exento de fallas y limitaciones. Para procurar esos ajustes y adaptaciones, la Constitución
manda la creación de un Departamento de Justicia, cuyo dirigente ejecutivo, el
Secretario, es el celador de los derechos del pueblo frente a los delincuentes
y frente a los políticos que quieran desnaturalizar su función utilizándolo
como mandadero político partidista de sus intereses y pasiones. En general, ese sistema y esa función
han sido honradas por los Secretarios de Justicia del País, especialmente como
producto de nuestra Constitución y Carta de Derechos.
Hasta
hoy todo lo anterior ha regido de manera efectiva o aceptable la función del
Secretario de Justicia como abogado del pueblo, de todo el pueblo, repudiando
la función abyecta de alcahuete pasivo, obediente, del gobernador como político,
y de los políticos como guerrilleros partidistas. Pero el señor Guillermo Somoza ha deshonrado su alta función
y ha actuado como muchacho de mandado de Luis Fortuño, Jenniffer González y
Rivera Schatz, en espera, ya lo sabe todo el País, de un nombramiento a manos
de ese gobernador que lo rebaja --- a una función servil, y un Senado
totalmente corrupto. ¿Y el pueblo? Sin abogado, que se supone que sea el Secretario. Porque el otro abogado del pueblo,
extra-constitucional, el Colegio de Abogados, también se lo engulleron Fortuño
y Somoza. ¿Transparencia? ¡Si, se
le ve todo!
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