La obligación moral absoluta del líder político como candidato electoral --- en una democracia, no importa lo limitado que sea el alcance de su voto --- es la de responder en su prospectiva acción legislativa o ejecutiva a los intereses y necesidades del votante como pueblo que de buena fe cree y espera integridad y eficacia en la conducta de su oficial electo.
Lo anterior vale como obligación moral contractual. Pero la ética democrática y representativa conlleva otra expectativa, esta vez de parte del votante, como responsabilidad insoslayable, si es que es legítima su función de votar y decidir quién le gobierna y para qué: se trata de la necesidad y obligación de ejercer su inteligencia práctica --- sus juicios sobre la acción de sus líderes o representantes una vez electos, tanto del pasado como del presente, lo que implica razonar, comparar, enjuiciar conductas, como condición de votar responsablemente.
El olvido, la irresponsabilidad, la actitud de chusma incondicional que sigue colores y publicidad comercial en que los candidatos no se diferencian de jabones, perfumes, bebidas o falsedades luminosas, lo descalifica moralmente para ejercer un voto inteligente.
Un pueblo que vota por pilletes y malandrines que se han enriquecido con sus recursos públicos, que han poblado las cárceles federales y estatales por ladrones, no merece el derecho democrático al voto, y sí merece todo lo que le pase, ya se trate de los ladrones originales o de los hijos y estudiantes aprovechados de esa escuela.
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