Durante
los últimos dos siglos de la República de Roma, imperaron principios de gobernanza
que distribuían el poder real de decisión entre el Senado, su líder --- el Cónsul
--- y la Asamblea del Pueblo, todos bajo el manto del Derecho, anclado en la
historia y ejercido por los tribunales.
Tres
fuentes especificas de poder dirigían la Res-Pública, la cosa pública, a saber;
el Cónsul o líder ejecutivo, el Senado, donde se sentaban los grandes de la
República, y la Asamblea del Pueblo de Roma, que incluía al Tribuno del pueblo
para objetar y así detener leyes objetadas por este.
Para propósitos
de legislación positiva y prospectiva, el proceso político era el diálogo o
enfrentamiento entre el Cónsul, los senadores, y la Asamblea. Las decisiones, sin embargo, tenían que
constituir una defensa y beneficio de los “clientes” de los senadores y del Cónsul,
lo que constituía una obligación política para Cónsul, Asambleistas y
Senadores: como en la democracia moderna de partidos, facciones, grupos de interés,
es decir, clientelas, las decisiones resultantes tenían que servir los
intereses de esas clientelas, que eran parte integrante constitutiva de lo que
se presentaba como Bien Común.
En
estos días el gobierno --- Gobernador y Legislatura --- participan en una
discusión intensa, a veces agria, sobre un nuevo sistema contributivo. Existen diferencias en diferentes
sectores políticos, económicos y sociales sobre las virtudes o defectos de la
propuesta. Se busca un consenso:
un acuerdo que sin satisfacer a todos, represente un acuerdo de todos para
beneficio del pueblo.
La
discusión, la discrepancia, dentro del partido que propone esa legislación
radical --- impuesto al consumo sin posibilidad de evasión --- es intensa y
debe suponerse que es honesta. Esa
es la esencia de la democracia.
Sin embargo, y a partir de ese hecho, quiero advertirle al PPD y al País
que cualquier fracaso en aprobar una versión final de esa propuesta que sea
suficiente a la solución del problema fiscal, y administrable, de salida será
una invitación al regreso del Rossellato y del Fortuñato.
Llamo
la atención sobre lo que obligaba al Senado de Roma a lograr acuerdos claros y
firmes y a tiempo: sencillamente
que a las puertas de Roma, en la frontera misma, salivaban las tribus bárbaras
para destruir la República. Hoy en
Puerto Rico, otros bárbaros esperan con los colmillos afilados por el fracaso
de esta jornada necesaria e inevitable sobre la necesidad del nuevo sistema
contributivo. Los Rosselló, los
Rivera Schatz, los Primitivo Aponte y Jenniffer González están listos para
volver por sus fueros de depredación y corrupción. ¿Querrá el PPD darles ese gusto por incompetencia y tiquis
miquis?
La solución al problema económico de Puerto Rico es poner a las 100 familias a pagar impuestos federales. Eso se logra con la incorporación. Pero el PNP no es un partido estadista porque se opone a que los Ferré y los Fonalledas paguen contribuciones federales.
ResponderEliminarO'Neill no quiere que los Ferré paguen contribuciones federales y así como él hay muchos alcaldes penepés más.
Una vez Puerto Rico se incorpora, se resuelve el problema económico. Los trabajadores empiezan a recibir un cheque de hasta $7,000 siempre y cuando llenen una planilla federal. Así, empiezan a entrar más de $1,000 millones a la economía de Puerto Rico que tendrá un efecto multiplicador. Sin embargo, contradictoriamente al origen socialista del PPD, los créditos federales que los populares defienden son los créditos al capital y no al trabajo. Esa es la misma teoría republicana de “trickle down” economics.
Así pues, tenemos el espectáculo de un partido que originalmente era socialista imponiendo los impuestos más regresivos en uno de los territorios más pobres de los Estados Unidos.
La solución está ahí para que todos la vean. Pero es increíble que no haya ni un sólo economista que apoye la incorporación. Todos están el en bolsillo económico o ideológico de las 100 familias.
Yo esperaba que Colón de Armas dijera algo a favor de la incorporación, pero ni él.
Sin incorporación no hay estadidad.
Esa versión estadista de la inmaculada concepción donde se puede ser estado sin incorporación es un engaño de Pierluisi y de las 100 familias para dejar las cosas como están y de ese modo preservar los privilegios económicos de la oligarquía de Puerto Rico.
La bancarrota de Puerto Rico se debe a la insistencia de las 100 familias en preservar su derecho divino a la exención contributiva y de pretender que sean los trabajadores los que paguen por el despilfarro de los políticos con impuestos cada vez más regresivos.