Teoría Política y Realidad Política

Los países civilizados, civilistas, al rechazar la fuerza bruta, militar o policíaca, como árbitro de las disensiones políticas, se acogen, sin embargo, a una administración de la cosa pública que oscila entre el idealismo político y las realidades tercas de la naturaleza humana y el carácter social y moral de los pueblos.

Esta reflexión cobra vigencia cuando evaluamos las posiciones públicamente asumidas en los días que transcurren por el Gobernador y su partido en la Asamblea Legislativa.  En ese diferendo públicamente ventilado entre las posturas del Gobernador --- una sola, suya y de su equipo económico --- y las posturas múltiples y variables de los legisladores de su partido sobre la condición terminal --- financiera y fiscal --- por las que sólo responde el Gobernador, ante los bonistas acreedores y el pueblo mismo, que pagará la cuenta que se determine como propia, suficiente y posible, existe un hecho palmario:  el Gobernador es el gobierno, es la Administración, es el culpable o el héroe, a los ojos del pueblo.

Desde tiempos de España, y luego desde el régimen colonial impuesto por Estados Unidos, y que perdura aún, el Gobernador y el Capitán General --- la misma persona --- constituían el gobierno del País.  Eso continuó así al cambio de soberanía, y en la palmaria realidad que vivimos.  En ese sentido, como decía Ortega y Gasset de España, somos monárquicos.  Esa es la realidad política de ayer y de hoy, aunque la teoría liberal y democrática ande por otros linderos.

En la medida en que ello sea así, mejor sería que en la Asamblea Legislativa y en el Partido Popular Democrático tomaran cuenta de la realidad política, al margen de la teoría política democrática, liberal y ritual sobre la separación de poderes y la deseabilidad de que “el pueblo decida”, cuando ese pueblo no es sino unas agregaciones de intereses revestidos de utopismo teórico y realismo particularista, ajeno al Bien Común.

Ese Bien Común --- en el País y en el Partido --- lo representa para el pueblo el Gobernador, por lo que derrotarlo o menoscabarlo en cuanto a la legislación contributiva equivaldría al suicidio político del Partido y el descrédito total del País.

Si la Legislatura y el Partido supieran lo que les conviene, se integrarían al esfuerzo del Gobernador y su equipo económico para conjurar la destrucción de lo que queda del País.  Lo contrario, el protagonismo individual atomizado, sobre ideas que no entienden, es la muerte segura.