En toda
la presentación política de Alejandro García Padilla desde 2011, campaña y
gobernación, afirmó hasta el cansancio, como promesa política a “la gente”, dos
principios rectores de su ética política:
el primero afirmaba que ante la abismática crisis económica y fiscal del
País “la soga no podía partir siempre por lo más finito”, mientras el segundo,
ya desde las entrañas mismas de la crisis fiscal, prometía un enfoque de
solidaridad que exigía que “todos tenemos que contribuir a la solución, y no sólo
los menos pudientes”. Eso es
historia. Si es de la buena o de
la mala todavía no sabemos.
Esos
dos principios exigen, perentoriamente una agenda que los instrumente. El Gobernador ciertamente se ha
enfrentado con honestidad y buena voluntad a la crisis, hasta el punto de
declararla emergencia de sustentabilidad, que requiere sacrificios
extraordinarios de todos los componentes de la sociedad. Pero el ámbito de esa agenda se ha
quedado corto. Faltan cinco ingredientes
sustantivos que contribuirían significativamente al reequilibrio del fisco, al
corto y largo plazo.
En
primer lugar, la corrección del escándalo moral de las escoltas y oficinas y
dinero para las fundaciones de cuatro señoritos narcisistas que piensan que el País
les debe la opulencia privada por unos servicios públicos mediocres rendidos desde
la gobernación.
Esa
servidumbre digna de emires árabes --- sin precedentes en el mundo democrático
y civilizado --- es un insulto cotidiano a los servidores públicos verdaderos,
de tan escasos medios, en los empleos o fuera de ellos, mientras esos cuatro depredadores del raquítico
tesoro público se miran sus ombligos y los encuentran maravillosos. Son en realidad roedores del Bien Común,
insaciables depredadores del escaso haber del pueblo. Son, a decir de los sabios del campo en que me crié, unos
afrentaos, unos frescos.
Que
Alejandro García Padilla y la Legislatura protejan a estos chupópteros, es
traicionar la agenda convenida con el pueblo.
De
igual naturaleza es la pleitesía supina a las iglesias y sus empresas: sin ningún fin público demostrable en
el regalo de dineros públicos, contra la letra de nuestra Constitución. Es cobardía moral o tajureo
politiquero.
En
tercer lugar, sostener a precio de decenas de millones una entelequia inerte e
inservible como el Ombudsman, cuya práctica ha desacreditado la idea original
que la inspiró, es botar dinero y negarse a aprender por la experiencia.
En
cuarto lugar, los subsidios a los municipios para financiar --- con la tarifa
de la luz que pagamos todos --- las empresas lucrativas de los municipios, los
hoteles y otros hermanos del muerto, sin orden, disciplina o responsabilidad.
Finalmente,
por hoy, el escándalo de la Comisión Estatal de Elecciones, el más costoso
batatal de vagos y vividores que en unas cosas y otras --- tres ejércitos de
cadres políticos sin función --- se chupan más de cien millones de
dólares. Pero en vez de
enfrentarse a ese escándalo, se pretende expropiar a COSSEC de sus haberes, con
tanto trabajo producidos.
O los
principios que expliqué al principio son puros aguajes, o no hay agenda
rectificadora de los cinco escándalos que señalo.
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