El
Gobernador Alejandro García Padilla ha declarado hoy que el gobierno se
enfrenta, en su crisis fiscal, al hecho de que algunos sectores --- en el mundo
sindical --- han entendido bien la realidad de que hay que actuar desde la
premisa y el principio de un País solidario: todos remando en la misma dirección, manos al timón, para
salvar la viabilidad sustentable de la obra de gobierno.
Como
principio, como valor rector de la encomienda gubernativa, esa necesaria
solidaridad exige universalidad en su aplicación. De otra manera se queda al nivel de afiche retórico que
suena bien, pero puede estar vacío por dentro, por dejar fuera de su alcance
ofensivos --- moralmente ofensivos --- privilegios desmoralizantes de la
justicia y la igualdad en la aplicación de las leyes.
Me
refiero, claro está, al escándalo del derroche de dinero público en escoltas de
cuatro exgobernadores narcisistas, que no se sienten gente si no están rodeados
de una costosa servidumbre pagada por un pueblo pobre y en crisis fiscal, siendo
cada uno de ellos multimillonarios.
A falta de pudor en ellos, el gobernador y la Legislatura tienen que
suplirle esa deficiencia moral.
Lo
mismo ha de decirse de los subsidios inconstitucionales a las empresas
religiosas, a las fundaciones millonarias, a los hoteles de todo tipo. La solidaridad de que habla el
Gobernador es una vaca flaca, en contraste evidente con sectores privilegiados
y protegidos, como por ejemplo la clase de contratistas chupópteros --- los de
la casa y los heredados de Luis Fortuño --- que desangran el presupuesto del País
más allá, por mucho, que el déficit que hoy se reclama.
El
pueblo es solidario con la igualdad y la justicia, con el trato a todos en
forma proporcional a su riqueza y sus privilegios. Si eso no se da, el pueblo tendría razón si le responde al
Gobernador como los nobles de Toledo a Felipe Segundo: lealtad si nos trata con justicia, “et
si non, non”.
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