La crisis financiera de Puerto Rico tiene dos caras: una da hacia la irresponsabilidad cumulativa de los seis últimos gobernadores que hemos padecido. Todos en su momento olvidaron --- sabiéndolo --- el efecto cumulativo del interés compuesto: principal más interés, y sobre esa suma más interés, y así persecula seculorum, hasta llegar a la quiebra nacional. Hoy todos esos gobernadores regalan al País una de dos racionalizaciones. Una es el “yo no fui, fue el que me siguió”, o la otra, “la culpa la tienen los bonistas, que nos prestaron a sabiendas de que estábamos quebrados”.
Tres de esos gobernadores guardan silencio, como el que alega en corte que no puede declarar, o decir la verdad, porque puede incriminarse: me refiero a Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló y Luis Fortuño, los beneficiarios --- con Carlos Romero --- de las millonarias escoltas y fundaciones trompito, mientras el pueblo pobre y mediano se chupa el fruto amargo de sus señoritismos criminales.
Uno de esos gobernadores, Hernández Colón, ha seguido gobernando desde su cueva señorial de Ponce --- detrás del trono --- en beneficio suyo y de su extensa parentela chupóptera.
Hay, sin embargo, un legado suyo que multiplica el costo de su gestión cínica de poder detrás del trono: me refiero a su gestión gubernativa a favor de los municipios y alcaldes --- la funesta autonomía municipal, cuyo fruto más visible y costo es la corrupción municipal --- fuente y causa de la desmoralización reinante de Ponce a Guaynabo, de Bayamón a Toa Baja, en un patrón de cacicazgos corruptos sin precedentes en la historia del País.
La parábola que va desde Guaynabo hasta Toa Baja, pasando por Bayamón, denunciada con lujo de detalles por la Contralora, reina suprema, con alcaldes intocables. En vano la Contralora denuncia, en vano la Prensa detalla, la inmunidad política de Héctor O’Neill, Ramón Luis Rivera y Aníbal Vega Borges continúan intocados e intocables. No pueden alegar estos desalmados que se trata de persecución política. La Contralora tiene la más nítida ascendencia republicana estadista que puede exigirse en el mundo de la politiquería.
La corrupción en Guaynabo es conocida: la familia inmediata del alcalde está en corte; la corrupción de Bayamón responde al estilo del alcalde --- paso blando del gato en la alfombra---, mientras la corrupción de Vega Borges es descarada, entregando los fondos municipales a los politicastros del PNP, mientras no paga los préstamos al Banco Gubernamental ni envía al Seguro Social y Hacienda lo que le descuenta a los trabajadores del municipio.
La crisis moral municipal corre pareja con la crisis fiscal del Estado, las causas son las mismas: las sociopatías éticas de la clase política, que es una verdadera postema.
Tres de esos gobernadores guardan silencio, como el que alega en corte que no puede declarar, o decir la verdad, porque puede incriminarse: me refiero a Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló y Luis Fortuño, los beneficiarios --- con Carlos Romero --- de las millonarias escoltas y fundaciones trompito, mientras el pueblo pobre y mediano se chupa el fruto amargo de sus señoritismos criminales.
Uno de esos gobernadores, Hernández Colón, ha seguido gobernando desde su cueva señorial de Ponce --- detrás del trono --- en beneficio suyo y de su extensa parentela chupóptera.
Hay, sin embargo, un legado suyo que multiplica el costo de su gestión cínica de poder detrás del trono: me refiero a su gestión gubernativa a favor de los municipios y alcaldes --- la funesta autonomía municipal, cuyo fruto más visible y costo es la corrupción municipal --- fuente y causa de la desmoralización reinante de Ponce a Guaynabo, de Bayamón a Toa Baja, en un patrón de cacicazgos corruptos sin precedentes en la historia del País.
La parábola que va desde Guaynabo hasta Toa Baja, pasando por Bayamón, denunciada con lujo de detalles por la Contralora, reina suprema, con alcaldes intocables. En vano la Contralora denuncia, en vano la Prensa detalla, la inmunidad política de Héctor O’Neill, Ramón Luis Rivera y Aníbal Vega Borges continúan intocados e intocables. No pueden alegar estos desalmados que se trata de persecución política. La Contralora tiene la más nítida ascendencia republicana estadista que puede exigirse en el mundo de la politiquería.
La corrupción en Guaynabo es conocida: la familia inmediata del alcalde está en corte; la corrupción de Bayamón responde al estilo del alcalde --- paso blando del gato en la alfombra---, mientras la corrupción de Vega Borges es descarada, entregando los fondos municipales a los politicastros del PNP, mientras no paga los préstamos al Banco Gubernamental ni envía al Seguro Social y Hacienda lo que le descuenta a los trabajadores del municipio.
La crisis moral municipal corre pareja con la crisis fiscal del Estado, las causas son las mismas: las sociopatías éticas de la clase política, que es una verdadera postema.
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