domingo, 26 de enero de 2014

La Justicia Social en Tiempos del Cólera


La misión histórica y política del Partido Popular Democrático, de 1941 a 1969 --- por 28 años --- fue la justicia social como justificación ética para la búsqueda del poder y para su ejercicio desde el Estado.  Tal cosa fue posible --- en teoría y en la práctica gubernativa porque la historia del País durante esos años fue una de dilatación, crecimiento y atención escrupulosa a la realidad de sus vastas muchedumbres, pobres pero en claro movimiento ascendente.  Desarrollo económico superior al crecimiento de la población, habilitación escolar de su niñez y juventudes, desde el primer grado elemental hasta la Universidad, con el balance económico siempre un paso al frente de las medidas justicieras que lo validaban.

Todos los discursos de Luis Muñoz Marin a lo largo de esos 28 años --- léanse sus Memorias --- versaban sobre esa ecuación precaria:  la relación entre lo que se creaba y lo que se distribuía en servicios y en participación salarial de la gran masa del pueblo.  Aun Luis Ferré se vio obligado  a parodiar la “operaciones” proclamadas por Muñoz:  Manos a la obra, Batalla de la Producción, etc.  Pero sin convicción, sino al servicio de campañas demagógicas: “Los humildes serán los primeros”.

La crisis mundial del petróleo en los mediados años 70 marcaron el cambio de clima y de actitudes.  De la justicia social se pasó primero al crecimiento económico sin desarrollo integral de la economía y la sociedad, y por lo tanto a una política pública manipulada, Hernández Colón y Carlos Romero primero, que no hicieron cosas malas como tales en la economía y la legislación, pero que ya no tenían mensaje social sobre la relación de la economía con los seres humanos dejados atrás.  A eso Pedro Rosselló y Luis Fortuño le añadieron la corrupción rampante como programa de gobierno.  La corrupción ilegal de Rosselló --- demostrada por el encarcelamiento de más de 40 de sus colaboradores – y la corrupción “legal” de Luis Fortuño y sus más de 40 ladrones.

Tras todo lo anterior no quedó nada para servir a la justicia social, que supone un sobrante fiscal para atender las miles de necesidades del pueblo.  Porque todo se queda arriba: la oligarquía mata la democracia.

En cualquier presupuesto, de 1941 a 1969, existía un sobrante disponible para saciar en parte las aspiraciones de los pobres y los medianos.  Hoy no sobra nada, falta mucho, se debe más y no hay de donde repartir.

A nuestras alturas de la historia --- en tiempos de cólera fiscal, financiera y económica --- no ha qué repartir.  O lo hay, pero no gusta:  hay que repartir la responsabilidad de contribuir, solidariamente, al equilibrio entre gastos e ingresos del Estado.  El cólera no es agradable para nadie.

Es a la luz de estas reflexiones que hay que juzgar las demandas que se le disparan al gobierno, como si fuera rico y por mezquino no quiere seguir dando, o repartiendo lo que no tiene.  Porque en estos tiempos la justicia significa contribuir, y no necesariamente repartir.

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