Legisladores, Funcionarios y Contratistas

Ante el cuadro general de un servicio público en crisis moral --- en cantidad y en calidad --- suelen hacerse generalizaciones que ensamblan en las actitudes y comportamientos a tres categorías diferentes de “servidores” públicos.  En primer lugar los legisladores, que han racionalizado una justificación de sus altos sueldos, poco trabajo y menos rendimientos en base a una falsa analogía con los funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva, del gabinete grande, extendido, del Gobernador.

El legislador, diga lo que diga la ley y los reglamentos, es un oficial del pueblo a tiempo parcial, un tiempo que se fija él mismo y por el tiempo que le parece, aún estando en sesión la Legislatura.  Equipararse en responsabilidad con los funcionarios del Ejecutivo es una gansería, puesto que estos últimos dirigen o trabajan en una agencia o departamento a tiempo verdaderamente completo, muchas veces a través de toda la Isla.  El sueldo, por lo tanto, tiene que responder a esa diferencia.

La aceptación y justificación de esa diferencia terminaría el debate falaz mediante el cual los legisladores pretenden sueldos de funcionarios a tiempo completo cuando saben que trabajan a tiempo parcial, en cualquier día y a través de todo el año.  La aceptación de ese hecho debe ser parte de la cultura política y de motivación cuando todavía son aspirantes a legisladores, como debe serlo la motivación de servicio y no la ambición económica que muchos demuestran después de resultar electos.

La tercera clase de “servidores” públicos objeto de este análisis es el contratista, personal o corporativo.  A ese no le va ni le viene el “servicio”:  su objetivo es el lucro, corporativo o personal.  El tumbe, el desgarre es su norte, y no tiene que darle cuenta a nadie sino al que le extendió el contrato.  La única manera de someterlo a reglas de profesionalismo y ética es una que no existe en el gobierno como totalidad:  un grupo que desde la Fortaleza, Secretaría de la Gobernación o Gerencia y Presupuesto le siga la pista al cumplimiento de los contratos --- oficiales de cumplimiento, les llamo yo ---que pongan coto al robo masivo de cientos de millones de obra no realizada, pero cobrada.  Eso no puede esperar cuatro o cinco años a que la Contralora rinda esos informes anémicos que inducen al sueño y a que las gangas del robo se rían de ellos.  Si no, pregúntele a Héctor O’Neill.

Existe otra turbación moral relacionada al caso de los funcionarios y es la siguiente:  el gobierno mismo ha adoptado e internalizado la teoría cínica de que hay que pagar sueldos altísimos en el gobierno porque esa gente gana más en la empresa privada.  Algunos sí, otros no.  Pero en todo caso, si no pueden servirle al pueblo por lo menos 4 años por el mismo dinero o menos, que se queden en la vida privada.  Racionalizar lo contrario, para excusar los excesos económicos en el gobierno es un flaco servicio al honor del servicio público.

Las confusiones, a veces de buena fe y otras para justificar gollerías y oportunismos con el escaso tesoro público, alimentan el analfabetismo moral aún allá donde existe la proficiencia profesional y técnica.