miércoles, 22 de enero de 2014

Puerto Rico: Orden y Desorden en Nuestra Vida Pública


Nuestro pueblo, a la altura de su ordenamiento constitucional y legal, está constituido conforme a principios y estructuras racionales y lógicas.  Poderes legislativos, ejecutivos y judiciales definidos con la precisión y la exactitud que las cosas prácticas --- sociales y morales --- toleran, que distan mucho, claro está, de las precisiones matemáticas y científicas de la ciencia natural.

Por lo anterior se dice, al nivel de la conducta social, que somos una sociedad de “ley y orden”.  La Constitución y las leyes dan cuenta --- teóricamente --- de esa organización rectora de los procesos sociales y políticos.

Todo lo anterior rige para los niveles constitucionales y legales de nuestra vida colectiva.

La realidad, la fenomenología de la convivencia concreta de los seres humanos que somos el pueblo de Puerto Rico nos dice otra cosa.  Nos dice que al nivel de administración de esas normas constitucionales y legales, lo que reina en el Puerto Rico actual no es el orden, sino el desorden.  Y eso es así porque el poder ejecutivo y administrativo no llevan cuenta --- aparentemente no pueden llevar cuenta --- de lo que hacen 140 agencias, algunas directamente bajo la gerencia del gobernador y otras a una distancia sideral de su responsabilidad de control y supervisión.  De ahí el desorden, que no es atribuible al gobernador pero que lo hace responsable a él de la anarquía administrativa y moral que yo llamo desorden.

El orden constitucional y legal de Puerto Rico es víctima del desorden de las agencias e instrumentalidades --- soberbios jeques que operan a distancias siderales de la mayordomía que el pueblo exige del gobernador.

Es impostergable la creación de instituciones que fiscalicen, monitoreen, informen, al pueblo y al gobernador, de las arrogancias, incumplimientos y proto-soberanías corruptas de las agencias e instrumentalidades, porque a fin de cuentas, el día del juicio final --- las elecciones --- es el gobernador el que paga por el desorden, a nombre de un teórico orden constitucional traicionado en la práctica por sus agentes administradores.

El pueblo sabe los nombres de los que encarnan ese desorden, a nombre del orden constitucional a que supuestamente sirven.  Huelgan los nombres y los ejemplos.  Estoy seguro que al leer estas líneas los lectores saben a quienes me refiero.

Sólo el gobernador puede --- mediante orden ejecutiva o mandato legislativo --- poner fin a este desorden a nombre del orden que la Constitución y las leyes mandan.

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