miércoles, 12 de junio de 2013

El Tribunal Supremo se Ensució en la Sala


La ganga de soplapotes políticos que fungen como jueces de nuestro Tribunal Supremo lo hizo otra vez.  Esta vez en la sala, acaba de ensuciarse, esto es, producir lo que llevan por dentro:  rabia politiquera que encubre su incompetencia jurídica y su disposición a ser meros alicates ideológicos del PNP.  ¡Que vergüenza sería, si tuvieran vergüenza!

Acaban, por mayoría de cinco a cuatro, de ensuciarse en nuestra Constitución, que dicta, tajantemente, para que hasta los analfabetos la entiendan, que excepto por la jurisdicción original en asuntos de Habeas Corpus, toda otra jurisdicción de ese Tribunal es determinada por ley (Articulo V, Sección 5).  ¿Qué pasa, no saben leer?  ¿O es que la pasión partidista los ciega?  Escoja el lector, el producto es el mismo.

La ganga de soplapotes partidistas del Supremo apela a una socorrida racionalización para declarar nula la Ley 18, que exige que los casos contra el gobierno corran el curso normal de Instancia, Apelativo y Supremo.  Deciden a base de la intención de los legisladores.  ¿Qué tal de la intención de los jueces del Supremo?  ¿Y cómo lo sabe uno si no es adivino o espiritista?  El ladrón juzga por su condición:  entonces se trata de la intención politiquera de la ganga PNP del Supremo contra la supuesta intención legislativa.  ¿Y el derecho, donde está?

El Juez Martínez, al declarar válida la Ley 7, afirmó que la Corte tiene que responder a las urnas.  ¿Cuáles urnas, las del 2008, o las del 2012?  ¡Será torpe el juez, o es que se hace!

La respuesta de la Asamblea Legislativa y el Gobernador no puede ser blandengue o timorata.  El asunto es muy serio para reducirlo a táctica igualmente politiquera.  La única respuesta válida es una apelación directa, rápida, al Tribunal Supremo Federal, para que meta en cintura a estos cinco analfabetos politiqueros.  Cualquier cosa menos que eso significa una entrega a la perversidad que dejó Fortuño como herencia.

La reacción inicial del gobernador de que va a persistir en ese tipo de legislación no da el grado.  Le harán lo mismo los soplapotes del Supremo.  Puerto Rico merece actitudes más firmes.

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