Mi
querido lector-ciudadano, escoja usted entre los dos modelos de ética personal,
profesional y política que le ofrecen --- nos ofrecen --- los actuales jueces
del Tribunal Supremo, la ganga de los seis que actúan de soplapotes del PNP que
los llevó al Tribunal sin méritos, ahora unidos al Juez Presidente en el asunto
de las pensiones, y los retiros, y los jueces retirados que insisten en retener
sus sueldos como pensiones, heredables de por vida, mientras usan el prestigio
que les abonó el Tribunal para venderlo al mejor postor en las cortes y fuera
de ellas.
Nada
puede añadirse al espectáculo de los seis fotutos del PNP en el Tribunal, pero
ahora hay que añadir al expresidente de ese Tribunal, Antonio Andreu García, y
al actual Presidente Federico Hernández Denton. El primero monta en ira santa contra un legislador que osa
proponer limitar las pensiones a los jueces a lo que son para todo otro
servidor público --- mata al mensajero y se hace el sueco con el mensaje ---, y
el segundo interviene políticamente con la Legislatura porque osa reglamentar
racionalmente el retiro de los señoritos intocables del Supremo.
La Constitución
de Puerto Rico es clara: en la Sección
10 del Articulo V establece taxativamente que “La Asamblea Legislativa establecerá
un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren
cumplido 70 años de edad”. Es
inherente a ese Poder Legislativo, al establecer ese sistema, determinar las
normas y las condiciones para su disfrute. A menos que los jueces del Supremo, como han hecho Andreu García
y Hernández Denton, no se declaren casta intocable por la vulgar Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, que es la que tiene el poder constitucional de
establecer ese retiro de los jueces y sus normas y condiciones.
Los jueces
Andreu y Hernández Denton han dado un pésimo ejemplo de interés personal contra
el interés del pueblo, al insistir en considerar el prestigio ganado en el
Tribunal como mercancía en el mercado de los trasteos judiciales.
Recuerden
ambos jueces de donde vinieron al ser ascendidos políticamente al Tribunal,
primero como jueces y luego como Presidentes: uno como abogado del PPD y el otro como director de campaña
del candidato RHC a la gobernación.
La intocabilidad que ahora reclaman no concuerda con ese origen y esa
historia.
La
insaciabilidad económica que reclaman como derecho no compagina con la penuria
de las grandes masas del pueblo que languidecen en la pobreza, mientras la
voracidad por el dinero de estos jueces, exjueces, y exgobernadores no tiene límites. Nos tiene que dar vergüenza por ellos. El pueblo le llama a esa actitud
afrentamiento.
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