Enfrentando la Crisis: Con las Cartas Marcadas

Alejandro García Padilla, por obligación constitucional, por solicitud que hizo para ejercer el Poder Ejecutivo, y por necesidad perentoria de que el gobierno gobierne, le toca la tarea casi imposible de administrar la escasez contra una opinión pública y política que exige milagros.

La herencia desde la cual parte Alejandro está constituída por el legado triple de tres exgobernadores irresponsables, que antepusieron sus intereses de cuatrienio a las responsabilidades patrióticas que exigían pensar en términos de generaciones, si no de siglos.

El primero de ellos, Rafael Hernández Colón, ante una crisis económica que exigía prudencia y sentido de futuro, optó por cultivar clientelas partidistas, que en su demanda conjunta de ventajas y favores culminó en la creación de docenas de agencias nuevas, una para cada grupo que se quería cultivar y complacer, aunque para justificar el estancamiento económico y fiscal de su gobierno hablaba de “el monstruo de la burocracia”, a la cual añadió pisos de condominio.

Le sucedió Pedro Rosselló, el faraón de la corrupción ilegal más agresiva de nuestra historia.  Capas enteras de su cuerpo administrativo pararon en las cárceles federales, lo que le hizo confesar, al abandonar el País como un forajido, “ahí les dejo ese desastre”, refiriéndose al balance legal de los que le acompañaron en el pillaje de fondos públicos.

Aníbal Acevedo Vila aguantó el poste que heredó hasta que por su propio peso se derrumbó porque estaba podrido.

La llegada de Luis Fortuño, al poder atestigua la intermitente torpeza moral de nuestro pueblo, no todo el tiempo, pero recurrente.  Porque la historia de las plutocracias, de las oligarquías del poder --- de los pocos ricos contra los muchos pobres --- confirma el hecho repetido en la historia de cómo los pueblos, engañados por la publicidad pagada, votan contra sí mismos.

Fortuño y su señora robaron a derecha e izquierda --- no en el sentido vulgar del ladrón que asalta bancos y hogares, sino mediante leyes y contratos que los beneficiaron directamente --- como expresión de gratitud de los favorecidos.  Sencillamente ha sido el político mas ratero, a más alto nivel, que exhibe nuestra historia.  Todas sus explicaciones y racionalizaciones eran sencillamente mentiras, mentiras caras, pero mentiras.  Todavía lo mantenemos --- como a Romero y Rafael --- con gastos de oficina y escoltas para protegerlos de por vida.  Debemos enviarlos a vivir su “dolce vita”, robada al pueblo, a las calles de Ucrania.

Alejandro ha heredado, como cordero llevado al matadero, la obra siniestra de Romero, Rafael, y Rosselló y Fortuño.  Ha heredado la quiebra.  Le favorece su honestidad y su entusiasmo, y su indisposición --- encomiable y criticable a un tiempo --- de asignar culpas a los otros, mientras todos le pedimos soluciones mágicas.  ¿Qué debe hacer?  Hablamos mañana.

La WIPR: Una Oportunidad Perdida

Las dos designaciones ocurridas en términos de semanas para dirigir la planta de radio y televisión del Pueblo de Puerto Rico acusan una superficialidad rampante en las alturas del poder oficial de Puerto Rico.

Primero se nombró a una persona familiarizada con esa institución, pero estaba envuelta en pleitos y demandas precisamente contra la institución que se supone dirigiera.  ¿No sabía eso la Junta Nominadora?  Si sí, se trató de un huevo; si no, se trató de incapacidad.  Escoja el lector.

Fracasada la primera designación, vamos a la segunda.  La joven Cecilia Blondet no es desconocida:  estuvo a cargo de la oficina de prensa del hermano del gobernador, Antonio García Padilla, de ingrata recordación en la Universidad, debido a sus estilos de gastos alegres y su estilo manipulativo para concentrar en sí mismo todos los poderes universitarios.  No se necesitaba gran enjundia cultural para esa función.  Además, es esposa del director de campaña --- de varias campañas --- del Partido Popular.  Nada malo en eso, pero la WIPR es una institución de naturaleza cultural que requiere un profesionalismo intelectual y técnico que el nombramiento no cumple.

Si una planta supuestamente educativa no educa, sino que se dedica a imitar a las plantas comerciales --- cuya vulgaridad y banalidad agreden el espíritu --- mejor es dedicar su presupuesto a fines más productivos para el País.

Este nombramiento significa más de lo mismo, política, partidista e inculturalmente. 

El Desorden Municipal: ¿Hay Alguien a Cargo?

La desfachatez con que los alcaldes de Puerto Rico --- obviamente sólo algunos --- se sirven de los escasos recursos municipales para su propio envanecimiento, está alcanzando niveles de crisis y desmoralización del servicio público y de la humilde fe del pueblo en sus gobernantes en todos sus niveles.

Lo peor de todo es que el pueblo protesta, se indigna, espera… pero le pasa como a Godot, que espera a quien ha quedado de venir y nunca llega.

La escandalosa fechoría del alcalde Pérez Valentín, de Maricao, que supera en su fresquería y cinismo a los recientes casos de 7 alcaldes más que han recibido atención de los medios, se enfrenta a la complacencia oficial que lamenta, critica, repudia… y no hace nada.

Me parece que en esta ocasión el bribón alcalde de Maricao --- una aldea pobre y aislada entre Mayagüez y el Monte del Estado --- requiere un repudio oficial, como ya ha recibido el repudio del pueblo.  Lo otro es complacencia y pusilanimidad.

La fe del pueblo en la justicia anda por el suelo.  La fe en los legisladores hace tiempo hizo crisis.  En los viejos regímenes de Europa el pueblo confiaba --- aunque en última instancia --- en el Rey.  En Puerto Rico, cuando todo falla, se mira al Gobernador, “de todos los puertorriqueños”, reza el protocolo publicitario de los partidos.  O como ordena y espera lo que queda de la Constitución ética del País.

La Justicia Social en Tiempos del Cólera

La misión histórica y política del Partido Popular Democrático, de 1941 a 1969 --- por 28 años --- fue la justicia social como justificación ética para la búsqueda del poder y para su ejercicio desde el Estado.  Tal cosa fue posible --- en teoría y en la práctica gubernativa porque la historia del País durante esos años fue una de dilatación, crecimiento y atención escrupulosa a la realidad de sus vastas muchedumbres, pobres pero en claro movimiento ascendente.  Desarrollo económico superior al crecimiento de la población, habilitación escolar de su niñez y juventudes, desde el primer grado elemental hasta la Universidad, con el balance económico siempre un paso al frente de las medidas justicieras que lo validaban.

Todos los discursos de Luis Muñoz Marin a lo largo de esos 28 años --- léanse sus Memorias --- versaban sobre esa ecuación precaria:  la relación entre lo que se creaba y lo que se distribuía en servicios y en participación salarial de la gran masa del pueblo.  Aun Luis Ferré se vio obligado  a parodiar la “operaciones” proclamadas por Muñoz:  Manos a la obra, Batalla de la Producción, etc.  Pero sin convicción, sino al servicio de campañas demagógicas: “Los humildes serán los primeros”.

La crisis mundial del petróleo en los mediados años 70 marcaron el cambio de clima y de actitudes.  De la justicia social se pasó primero al crecimiento económico sin desarrollo integral de la economía y la sociedad, y por lo tanto a una política pública manipulada, Hernández Colón y Carlos Romero primero, que no hicieron cosas malas como tales en la economía y la legislación, pero que ya no tenían mensaje social sobre la relación de la economía con los seres humanos dejados atrás.  A eso Pedro Rosselló y Luis Fortuño le añadieron la corrupción rampante como programa de gobierno.  La corrupción ilegal de Rosselló --- demostrada por el encarcelamiento de más de 40 de sus colaboradores – y la corrupción “legal” de Luis Fortuño y sus más de 40 ladrones.

Tras todo lo anterior no quedó nada para servir a la justicia social, que supone un sobrante fiscal para atender las miles de necesidades del pueblo.  Porque todo se queda arriba: la oligarquía mata la democracia.

En cualquier presupuesto, de 1941 a 1969, existía un sobrante disponible para saciar en parte las aspiraciones de los pobres y los medianos.  Hoy no sobra nada, falta mucho, se debe más y no hay de donde repartir.

A nuestras alturas de la historia --- en tiempos de cólera fiscal, financiera y económica --- no ha qué repartir.  O lo hay, pero no gusta:  hay que repartir la responsabilidad de contribuir, solidariamente, al equilibrio entre gastos e ingresos del Estado.  El cólera no es agradable para nadie.

Es a la luz de estas reflexiones que hay que juzgar las demandas que se le disparan al gobierno, como si fuera rico y por mezquino no quiere seguir dando, o repartiendo lo que no tiene.  Porque en estos tiempos la justicia significa contribuir, y no necesariamente repartir.

Habló Fuenteovejuna

El caso del pueblo de Puerto Rico contra Pablo Casellas convocó precisamente a la vasta mayoría de este pueblo a observar y evaluar el proceso judicial contra el acusado.  La aritmética de la decisión ilustró la aritmética de los sentimientos del pueblo que observó casi obsesivamente el transcurso del juicio.  Un pueblo unido frente a una tragedia en la que todos los participantes sufrieron el impacto intelectual y emocional de los hechos: una madre asesinada, unas hijas anonadadas --- entre la pérdida de su madre y la posible pérdida de su padre --- y un padre y abuelo desgarrado en su espíritu como blanco de las consecuencias del acto brutal en el seno de la familia.  Los padres nunca terminamos en la peripecia y la herencia de nuestros hijos, sea esta gloriosa o infame.

Lope de Vega anticipó la figura dramática de este lamentable caso.  Ante la muerte de un connotado abusador y facineroso personaje, el pueblecito de Fuenteovejuna --- autor anónimo y unánime del hecho de justicia absoluta --- contestó tranquilo y satisfecho, ante la pregunta por la autoría de aquella muerte, confesando lo obvio: “¿quién mató al comendador?,  ¡Fuenteovejuna, señor!’

En la misma proporción con que el jurado se expresó por la culpabilidad del acusado --- 11 a 1 --- el pueblo celebró en las calles y hogares ese desenlace.  No por prueba técnica fehaciente, sino por intuición racional sencilla y directa --- madre de la justicia absoluta --- el pueblo vio confirmado su veredicto moral.

Nadie puede escamotearle al amigo Salvador Casellas, el padre atormentado, sus esfuerzos de padre por creerle y defender a su hijo en el momento de la óptima desgracia.  Cumplió su deber, al margen de la mecánica jurídica y procesal de la justicia organizada como institución racional.

En este desafortunado proceso cada uno cumplió con su deber.  Y el pueblo como observador y los entes de la justicia, fiscalía, defensa y jurado, como oficiales de esa justicia, dieron todos lo mejor de sí mismos para que el sistema de la justicia criminal recobrara mucho del prestigio perdido en días recientes.  En esa mención debo destacar la firmeza, inteligencia y carácter del juez José Ramírez Lluch en su administración de un proceso difícil.

El Desastre de Santini y de El Nuevo Día

La portada de El Nuevo Día de ayer (miércoles) por la mañana se dispara con una noticia dramática:  Desastre Administrativo en San Juan.  Lanzado así, en presente del indicativo, la faena política del periódico no puede ser más obvia.  El lector desprevenido --- como muchos que hoy me preguntaron en la calle --- no puede más que interpretar que se trata de la corrupción y la incompetencia de la alcaldesa de San Juan, cayendo así en la trampa del periodismo comercial del imperio Ferré.  ¡Como no aclaran!, como dice el vulgo.

En letra pequeña en la base de esa portada se aclara que se trata del desastre cumulativo de los 12 años alcaldicios de Jorge Santini.  El que no bajó la vista a la base de la página no se enteró de la jugada claramente politiquera del periódico.

Conocemos la reacción de Santini.  No puede explicar su funesto desempeño porque no está en la alcaldía, dice.  Los 18 millones de déficit y los 52 millones de deudas incobradas, ¿se quedarán por la casa?  Se trata de negligencia criminal.  Justicia y la Legislatura tienen que hurgar en los deudores, negocios y personas que no pagaron 52 millones de patentes.  ¿Por qué?  ¡Que explique Santini!  La bolsa de viento explotó.  ¿Qué tenía por dentro?

El Berlusconi tropical tiene que dar cuenta a los sanjuaneros y al País, víctimas de su fanfarronería hueca.  ¡Y a El Nuevo Día que se busque otro negocio!

Puerto Rico: Orden y Desorden en Nuestra Vida Pública

Nuestro pueblo, a la altura de su ordenamiento constitucional y legal, está constituido conforme a principios y estructuras racionales y lógicas.  Poderes legislativos, ejecutivos y judiciales definidos con la precisión y la exactitud que las cosas prácticas --- sociales y morales --- toleran, que distan mucho, claro está, de las precisiones matemáticas y científicas de la ciencia natural.

Por lo anterior se dice, al nivel de la conducta social, que somos una sociedad de “ley y orden”.  La Constitución y las leyes dan cuenta --- teóricamente --- de esa organización rectora de los procesos sociales y políticos.

Todo lo anterior rige para los niveles constitucionales y legales de nuestra vida colectiva.

La realidad, la fenomenología de la convivencia concreta de los seres humanos que somos el pueblo de Puerto Rico nos dice otra cosa.  Nos dice que al nivel de administración de esas normas constitucionales y legales, lo que reina en el Puerto Rico actual no es el orden, sino el desorden.  Y eso es así porque el poder ejecutivo y administrativo no llevan cuenta --- aparentemente no pueden llevar cuenta --- de lo que hacen 140 agencias, algunas directamente bajo la gerencia del gobernador y otras a una distancia sideral de su responsabilidad de control y supervisión.  De ahí el desorden, que no es atribuible al gobernador pero que lo hace responsable a él de la anarquía administrativa y moral que yo llamo desorden.

El orden constitucional y legal de Puerto Rico es víctima del desorden de las agencias e instrumentalidades --- soberbios jeques que operan a distancias siderales de la mayordomía que el pueblo exige del gobernador.

Es impostergable la creación de instituciones que fiscalicen, monitoreen, informen, al pueblo y al gobernador, de las arrogancias, incumplimientos y proto-soberanías corruptas de las agencias e instrumentalidades, porque a fin de cuentas, el día del juicio final --- las elecciones --- es el gobernador el que paga por el desorden, a nombre de un teórico orden constitucional traicionado en la práctica por sus agentes administradores.

El pueblo sabe los nombres de los que encarnan ese desorden, a nombre del orden constitucional a que supuestamente sirven.  Huelgan los nombres y los ejemplos.  Estoy seguro que al leer estas líneas los lectores saben a quienes me refiero.

Sólo el gobernador puede --- mediante orden ejecutiva o mandato legislativo --- poner fin a este desorden a nombre del orden que la Constitución y las leyes mandan.

Legisladores, Funcionarios y Contratistas

Ante el cuadro general de un servicio público en crisis moral --- en cantidad y en calidad --- suelen hacerse generalizaciones que ensamblan en las actitudes y comportamientos a tres categorías diferentes de “servidores” públicos.  En primer lugar los legisladores, que han racionalizado una justificación de sus altos sueldos, poco trabajo y menos rendimientos en base a una falsa analogía con los funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva, del gabinete grande, extendido, del Gobernador.

El legislador, diga lo que diga la ley y los reglamentos, es un oficial del pueblo a tiempo parcial, un tiempo que se fija él mismo y por el tiempo que le parece, aún estando en sesión la Legislatura.  Equipararse en responsabilidad con los funcionarios del Ejecutivo es una gansería, puesto que estos últimos dirigen o trabajan en una agencia o departamento a tiempo verdaderamente completo, muchas veces a través de toda la Isla.  El sueldo, por lo tanto, tiene que responder a esa diferencia.

La aceptación y justificación de esa diferencia terminaría el debate falaz mediante el cual los legisladores pretenden sueldos de funcionarios a tiempo completo cuando saben que trabajan a tiempo parcial, en cualquier día y a través de todo el año.  La aceptación de ese hecho debe ser parte de la cultura política y de motivación cuando todavía son aspirantes a legisladores, como debe serlo la motivación de servicio y no la ambición económica que muchos demuestran después de resultar electos.

La tercera clase de “servidores” públicos objeto de este análisis es el contratista, personal o corporativo.  A ese no le va ni le viene el “servicio”:  su objetivo es el lucro, corporativo o personal.  El tumbe, el desgarre es su norte, y no tiene que darle cuenta a nadie sino al que le extendió el contrato.  La única manera de someterlo a reglas de profesionalismo y ética es una que no existe en el gobierno como totalidad:  un grupo que desde la Fortaleza, Secretaría de la Gobernación o Gerencia y Presupuesto le siga la pista al cumplimiento de los contratos --- oficiales de cumplimiento, les llamo yo ---que pongan coto al robo masivo de cientos de millones de obra no realizada, pero cobrada.  Eso no puede esperar cuatro o cinco años a que la Contralora rinda esos informes anémicos que inducen al sueño y a que las gangas del robo se rían de ellos.  Si no, pregúntele a Héctor O’Neill.

Existe otra turbación moral relacionada al caso de los funcionarios y es la siguiente:  el gobierno mismo ha adoptado e internalizado la teoría cínica de que hay que pagar sueldos altísimos en el gobierno porque esa gente gana más en la empresa privada.  Algunos sí, otros no.  Pero en todo caso, si no pueden servirle al pueblo por lo menos 4 años por el mismo dinero o menos, que se queden en la vida privada.  Racionalizar lo contrario, para excusar los excesos económicos en el gobierno es un flaco servicio al honor del servicio público.

Las confusiones, a veces de buena fe y otras para justificar gollerías y oportunismos con el escaso tesoro público, alimentan el analfabetismo moral aún allá donde existe la proficiencia profesional y técnica.

Tribunal Supremo: Desnudez Moral y Guindalejos Seudo-jurídicos

Independencia judicial, separación de poderes, forma republicana de gobierno, derechos constitucionales intocables, y muchos otros guindalejos seudo-jurídicos utilizados como hojas de parra para encubrir la desnudez moral del Tribunal Supremo, caracterizaron las cuatro horas de racionalizaciones de los jueces en defensa de sus intereses monetarios.

La utilización de esos guindalejos seudo-jurídicos estuvieron plagados de disparates históricos imperdonables.  Equiparar la forma republicana de gobierno con la separación de poderes acusa ignorancia histórica y constitucional sobre esos conceptos.  La Constitución inglesa, madre de las libertades modernas, no contempla la separación de poderes ni la dictadura judicial que los jueces defienden para justificar sus gollerías económicas.

Por el otro lado, hacer depender la independencia judicial de los ingresos actuales y futuros de los jueces representa una confusión moral terminal, cuando en realidad la independencia judicial es un asunto de carácter, de ética personal, gane el juez mucho o poco o que cambien su ingresos a través del tiempo.

Lo que contempla la forma republicana de gobierno es la selección libre por el pueblo de sus representantes legislativos y ejecutivos, que a su vez designan a los jueces mortales, y no a dioses intocables del Olimpo de Puerta de Tierra.

Un Tribunal Supremo que contempla impasible la crisis económica, financiera y fiscal que desgarra al País y exige el sacrificio y la solidaridad de todos los sectores económicamente significativos, en una actitud egoísta, insolidaria, insensitiva, no merece el privilegio que los distingue ni la confianza que claramente dilapidan.

El Presidente del Tribunal Supremo nos ha venido reprendiendo durante los últimos años con el duérmete nene de la dignidad de la judicatura y de la necesaria confianza del pueblo en ella.  Las últimas actuaciones suyas han pulverizado esa dignidad y esa confianza.

La vista de hoy del pleno de la Corte delante de todo el País, fue un acto de “stripteasing” --- desnudamiento delante de la gente.

La Independencia Judicial y la Vocación Magisterial

Ante nuestra vista se han escenificado en estos días dos enredos de espíritu --- como los categorizaría Don Luis Muñoz Marín --- relativos a la naturaliza de la función judicial --- su ética --- y la legitimación del ministerio magisterial.

En el primer caso, que ha tenido como portavoz al Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, se reclama, por clara implicación lógica, que la independencia judicial reside en los ingresos, sueldos y emolumentos y pensiones que reciben ahora, o que recibirán tras su retiro, los componentes de la Rama Judicial, desde el Tribunal Supremo hasta los jueces municipales.  Yo creía, y sigo creyendo, que la independencia judicial reside en el carácter, vocación y honestidad intelectual de los jueces.  Se trata de una voluntad de justicia, dólares más o dólares menos.  Pero he sido despertado a la realidad de lo que los jueces piensan de sí mismos en el servicio a tan alto magisterio.  Estoy seguro que en eso el pueblo de Puerto Rico piensa como yo… !ingenuo moralmente como es!

Igual ocurre con el magisterio en el dintel mismo de sus protestas concertadas --- paros, demostraciones violentas, o eventuales huelgas ilegales.  Yo pensaba que la misión y justificación profesional del maestro era la enseñanza, la formación de la niñez y la juventud hacia sus óptimas capacidades de desarrollo hacia el saber y la cultura.  Pero ahora me informan los líderes magisteriales que se trata de pensiones más o menos razonables o posibles.  Por eso a parar, demostrar, resistir y huelguear si les parece bien.  ¡Otra vez ingenuo!

¿Qué le parece al lector, y cual sería su actitud si viera que los maestros marchan y protestan y huelguean por la causa de los niños:  materiales de instrucción actualizados, escuelas limpias y sanas, pizarras, tiza, instrumentos tecnológicos apropiados, seguridad en el contorno de la escuela?  Tendrían al pueblo tras de sí en respaldo moral a esa causa.  Pero pretender mediante rabietas, arrogancias y paralización de la actividad escolar lograr sus fines económicos resulta tan fatuo como cuando los jueces degradan el concepto de la justicia y la independencia judicial a dólares y centavos para beneficio propio.

Una analogía:  la autonomía universitaria no está en los organismos políticos fuera de la Universidad ni en los cuerpos administrativos o normativos de dentro de la institución:  está en la cátedra, en los profesores, investigadores y estudiantes.  Está en la voluntad de Verdad de la misma manera que la independencia judicial está en el compromiso intelectual y moral de los jueces de hacer justicia.

Ni el derecho ni la verdad, o la justicia y el saber, son reducibles a numismática. 

Funcionarios Responsables y Toreros Espontáneos

Desde el inicio de esta administración de gobierno he sido crítico de su estilo, de sus actitudes triunfalistas, en ausencia de una sinceración con el pueblo sobre el verdadero estado de situación del País --- a nivel de gobierno, economía y cuadro fiscal --- como punto de partida de la nueva administración.  Se trata de una cuestión de estilo gubernativo, que no es poca cosa, porque --- como dicen los franceses --- “el estilo es el hombre”.

Mas allá del estilo, sin embargo, apurando la substancia de lo que se decide como materia económica, social y administrativa, tengo que afirmar, frente al hábito de denostarlo todo, que esta administración de Alejandro García Padilla y sus Cámaras Legislativas, es una administración honesta, centrada en el servicio al pueblo y el rescate de la decencia y eficiencia gubernamental como única razón de ser del gobierno democrático, sobre el trasfondo de la administración más corrupta, mendaz y chapucera en nuestra historia, desde los tiempos del gobernador Gore durante el primer tercio del siglo 20.

El gobernador se enfrenta, con sinceridad y entusiasmo, a la crisis económica y fiscal más virulenta de los últimos tres cuartos de siglo, producto de las irresponsabilidades acumuladas desde las administraciones de Rafael Hernández Colón, hasta la venalidad de Luis Fortuño.  Y no puede enfrentarse a esa crisis con la complacencia de sus predecesores.  Los tiempos de dar se acabaron.  Estamos en los tiempos de limitar, recortar, reducir, quitar.  Lo importante es hacerlo equitativamente, responsablemente, con un sentido de justicia.

El enfrentamiento del Gobernador y la Legislatura con esos nuevos retos, incómodos, antipáticos, ha revestido responsabilidad, franqueza, y confianza en la inteligencia, por lo menos el sentido común del pueblo.  Porque nadie puede o debe suponer que el Gobernador abraza las limitaciones del torniquete fiscal con alegría sadista para reducir los ingresos del pueblo o exigir contribuciones mayores al pote común del Estado para atender las necesidades --- proporcional y equitativamente --- de la multiplicidad de clientes humanos del Estado.

El caso del seguro de los maestros al momento de su retiro dramatiza la angustia que produce e impone la escasez.  No es por gusto, sino por necesidad perentoria que se ajustan las pensiones de los maestros a la hora del retiro.  Porque el fondo de retiro de los maestros, que ellos mismos administraron y consumieron, o se reforma como se ha hecho o desaparece.  La pretensión del pequeño grupo de líderes magisteriales de que todos paguemos por sus irresponsabilidades no tolera análisis moral.  Porque a la luz de lo que reciben a la hora del retiro la inmensa mayoría de los trabajadores del País, el nuevo retiro de los maestros es razonable.  La alternativa es la nada.  El Gobernador y la Legislatura les han salvado el retiro, que ellos mismos habían dilapidado.

Eso es lo responsable, a la luz de los otros múltiples compromisos del Estado.  Dejado el asunto a los maestros mismos, el balance sería la nada, cero, al cabo de dos o tres años.

Es lamentable que elementos de la comunidad que tienen sus propios problemas, el Arzobispo Roberto González Torres y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, hayan optado --- en medio de esta crisis fiscal real --- jugar el papel de toreros espontáneos, que saltan al ruedo sin ser parte del toreo.  El record del primero con las escuelas y los maestros de su imperio eclesiástico no luce relevante en esta situación.  La intervención de la alcaldesa tiene ribetes de motivación política personal que no le luce bien, o responsable ante su partido, su gobierno, y los observadores libres de la comunidad.  “The unkindest cut of all”, como dijo César de Brutus en los pasillos del Senado de Roma el día de su traicionero asesinato.

Política, Marihuana y otras Yerbas

Tras una breve ausencia navideña de este espacio, reanudo hoy la conversación con mis interlocutores habituales.  Lo hago para señalar, como inicio del nuevo año, los diversos componentes conceptuales de los dos asuntos planteados en el título de estas breves líneas.

Con respecto a la política debo analizar tres componentes, que en sus ambigüedades marcan la diversidad de actitudes que despliega el político en una democracia.  En primer lugar, la voluntad de poder, el deseo narcisista de desplegar sus alas a la vista de todos, como el pavo real enamorado de su bello y abultado plumaje.  Sin ese narcisismo y deseo de protagonismo no hay voluntad como fuerza de arrastre al trabajo, a la puja conflictiva con los otros que andan en lo mismo.  Ese es el combustible de la democracia.

Sin esa ambición en el plano político no hay función creativa desde las instituciones del Estado.  Pero eso no basta.  Tienen que existir, en segundo lugar, en el alma del político aspiraciones de acción y decisión posibilitantes de una mejor vida para los ciudadanos que quiere representar o ya representa.  La aspiración es deseo, voluntad, regateo con los otros para acceder al poder.  La función desde el poder es otra:  es trabajo, ejecución, sacrificio, inclusive para negarse a sí mismo, mientras la afirmación como voluntad de poder es pura fuerza y ambición egocéntrica.

Para obtener acuerdos suficientes con los otros para lograr sus afanes, el político democrático tiene que transar, negociar, para lograr lo lograble, lo posible.  El secreto está en no convertir ese realismo en cinismo, o su insistencia en lograrlo todo de una vez  mediante la ideología y la demagogia:  pueblo, pueblo, pueblo, cuando en realidad está pensando en sí mismo, en su recaída al narcisismo y gratificación individual egoísta.  El tercer componente consiste de la capacidad para lograr acuerdos sin claudicar principios.

La pregunta es obligatoria:  cuando escuchamos o leemos sobre el anuncio de una candidatura, ¿estamos ante nobles y elevados propósitos y la capacidad para realizarlos, o estamos ante buscones de nombradía y figureo narcisista, hueco, cojo y manco?  Cada votante en la democracia tiene que hacerse esas preguntas temprano, antes de escoger y marcar la papeleta.

En el asunto de la marihuana se nos plantean consideraciones paralelas.  Ante el planteo honesto e ilustrado del Senador Pereira, ¿cuáles son las actitudes de los legisladores de la Cámara?  ¿Objeciones fundadas en hechos y estudios objetivos, o exhibicionismo demagógico, mirando a las gradas, con el miedo ignorante como sombrilla, con la prioridad única de salvar su pellejo partidista ante los gritos opositores del fundamentalismo pentecostal y la beatería católica?

Muchos de esos cacareantes contra el proyecto tímido y conservador de despenalizar la yerba no pasan, a ninguna hora del día, las pruebas de alcohol que se suministran a los conductores, y sus vías respiratorias disparan nicotina tabacal en el aliento.  Pero le gustan los impuestos de esas dos drogas mortales y legales, para con ellos reclamar obra realizada.

¡Con ilustrados y valientes como esos no vamos a ningún lado como pueblo!  Esas son las otras yerbas resultantes, que ya nos han arropado.