Con
motivo del fraude electoral cometido en Guaynabo por funcionarios de la oficina
del alcalde Héctor O’Neill --- que no mueven un papel sin su autorización u
orden --- se está ventilando en Fiscalía, del Departamento de Justicia, qué
hacer con la voluminosa evidencia, legitimada por la Comisión Estatal de
Elecciones --- unánimemente --- en el sentido de que docenas de ayudantes y
funcionarios de O’Neill, que sólo obedecen órdenes del alcalde, incurrieron en
delitos graves de índole electoral para derrotar a Ángel Pérez y votar al
candidato alcaldicio, Antonio Soto.
El asunto está ante el Secretario de Justicia, César Miranda, y su
encargado fiscal Edmauel Santiago Quiles.
Recuerde
el lector que a raíz de las graves acusaciones de Fiscalía contra los ayudantes
de O’Neill el representante Quiquito Meléndez se inventó un caso, diz que
paralelo, contra el alcalde de Cataño.
Era obvia la estrategia:
empatar la pelea ante la opinión pública, en un caso trompito, sin méritos. Ahora, a nombre de esa paridad en el
delito, se pide una rebaja para todos, que consiste en rebajar las acusaciones,
del código penal, por atentado criminal contra la democracia --- cuya esencia
es el voto limpio --- a cambio de declararse culpables con penas puramente simbólicas.
Yo
espero, y más, confío en que el Secretario de Justicia no acepte esa “venta
especial” de la justicia, para unirse a la desmoralizadora ola de impunidad que
destruye las expectativas de justicia en el País. Es demasiado voluminosa y seguidita la blandenguería oficial
--- Rama Judicial y Rama Ejecutiva --- para con los criminales de la casa, políticos
y amigotes que se burlan del sistema.
Hay que dejarle eso a Fortuño, donde lo dejó, y marcar rumbos de rectificación.
El
Secretario de Justicia tiene la palabra.
Si las cortes quieren avalar esa criminalidad, allá ellos, que con pan
se la coman, pero el gobierno de Alejandro y César Miranda deben renunciar a Satanás
y todos sus secuaces.
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