Asombra
la debilidad de actitudes con que el gobierno de Puerto Rico --- el Ejecutivo y
el Legislativo --- han reaccionado ante la fechoría politiquera de la ganga de
los seis en el Tribunal Supremo.
No se trata de que se hagan ataques de riposta del mismo tono abusivo de
la ganga. Se trata de poner --- el
Gobernador y los líderes legislativos --- las cosas en su sitio. Porque es evidente que la anulación por
el Tribunal de la Ley 160 es arbitraria, mezquina, y sólo persigue el caos
financiero, en la esperanza de que este produzca el caos social y la venganza política
del electorado como reacción, a falta de comprensión de la verdadera naturaleza
del caos heredado y de su empeoramiento a manos del Tribunal.
¿Por
qué validó el Tribunal la Ley 3 sobre las pensiones de los empleados públicos,
cuyas disposiciones son equivalentes en su alcance a las de la Ley 160? Para despistar. Después de invalidar la ley de pensiones de la Rama Judicial ---
porque los chavos y los privilegios de los jueces quedaban afectados, y para
que no dijéramos que era una faena política partidista, había que dar la
impresión de racionalidad. Ya
cuando les llega la Ley 160 sus chavos están asegurados y pueden volver a ser
irresponsables.
El
fallo no resiste análisis. No indican,
porque no pueden, hacer referencia a disposición alguna de la Constitución que
invocan, excepto una vaga referencia a una racionalidad que no poseen. Anulan incluso algunas disposiciones
favorables a los maestros, pues estaban dando palos a ciegas, talando con mocho
boto. ¿Racionalidad, hablando de
esos seis pejes partidistas? ¿Profesionalismo
que no tienen? Ese es el efecto de
los rayos gama sobre los contratistas y empleados en el establo político de
Rivera Schatz.
Ante
esta fechoría perversa y maliciosa, la reacción del Gobernador ha sido débil,
timorata, blandengue.
“!Pobre
pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada!” decía nuestro bardo guayamés
en 1936.
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