Aquella
corrupción se llevó de frente a más de media docena de jueces, de todos los
niveles, en el comienzo de un proceso de destrucción institucional que hoy
Fortuño perfecciona con un cinismo sin precedentes en la historia de Puerto
Rico.
El
ataque de la corruptela fortuñista ha sido dirigida, además de a las personas y
a los dineros públicos, a las instituciones que por tres cuartas partes de un
siglo ---1941 al 2009 --- fueron estabilizando y consolidando la acción
gubernamental y social por vías racionales, estables, predecibles, como garantía
para los ciudadanos de todos los sectores políticos de que sus derechos y sus
reclamos se atenderían con racionalidad, objetividad, como integrantes que son
del bien común que legitima la existencia del estado.
En ese
proceso doble de corrupción gubernatorial, porque el gobernador es el líder de
la corrupción, existe una diferencia entre Rosselló y Fortuño. Rosselló cayó en la corrupción al año y
medio de su incumbencia. Fortuño,
por el otro lado, comenzó el proceso de corrupción desde el 2 de enero del
2009. La Ley 7, el despido de más
de 20 mil empleados públicos, el estrangulamiento económico de la Universidad
--- doce mil estudiantes perdidos desde entonces --- la barrida de toda
diferencia de criterio en el Supremo, en la Asociación de Empleados del ELA, en
las Comunidades Especiales, en el Fideicomiso del Caño, en el Colegio de
Abogados --- es decir, en todo el tejido institucional que conforma una
sociedad civilizada.
Este
pichoncito de dictador, que tira la piedra y esconde la mano, porque no se
atreve a enfrentarse a la camarilla fascista de su partido, tolera el fraude
primarista, tolera a los pilletes que desde las Secretarias de Gobierno se
roban el agua, la luz, y los derechos del pueblo, sólo tiene un valor en la vida
que comparte jubiloso con la
“notaria de luxe” de los bancos con que el gobierno tiene negocios y extiende
favores: el dinero personal y familiar.
Ayer,
18 de mayo del 2012, este gobierno corrupto de Luis Fortuño, rompió todos los récords
de putrefacción pública y moral.
DACO, esa entelequia inerte y politiquera, con un Secretario mequetrefe,
acaba de certificar la peste bubónica que es el “fortuñato”.
DACO ha
anulado el veredicto democrático de los consumidores al elegir a dos distinguidos
profesionales para velar por sus intereses en esa cueva de ladrones en que han
convertido la AEE. ¿Con qué
autoridad? Primero la AEE trató de
impugnarlos como candidatos. Y no pudieron. Luego trató de robarles la elección. Y no pudieron. Ahora se valen del Secretario de DACO
para diz que determinar su “idoneidad”.
Aquí la única idoneidad que hay que examinar es la del Secretario del
DACO, un perfecto imbécil, útil para todas las porquerías políticas que le
ordenan.
De lo
que se trata aquí es que la AEE necesita tiempo para tapar la porquería, como
el gato… y esa porquería consiste en los contratos millonarios que a toda
prisa está extendiendo a sus clientes igualmente corruptos antes de ser
excusado en noviembre.
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