viernes, 18 de mayo de 2012

Gobernador y Gobernabilidad

Hace años que vengo escuchando, como explicación a las frustraciones de los gobernantes y del pueblo, la teoría de que se trata de una sociedad que se ha tornado “ingobernable”.  Ese es un concepto vacío en que caben todas las incompetencias, irresponsabilidades y fracasos.  Se le echa la culpa a la sociedad, y ¡ya está!  Todo se aclara y todo se excusa, incluyendo todos los incumplimientos y todas las traiciones.  Para ser gobernable, la sociedad necesita un gobernador que gobierne, mentir no es gobernar.

El primero que echó manos de esta explicación espuria para su fracaso  --- como gobernante y como político --- para justificar su flaco rendimiento administrativo, especialmente en su último cuatrienio de gestión ejecutiva, fue Rafael Hernández Colón.

Nuestro País tiene una Constitución clara, completa y de vanguardia.  No está escrita en mármol, ni descendió del Monte Sinaí como ordenada por Dios, con un carácter “absoluto” en todas sus disposiciones sobre derechos individuales.  Disfrutamos --- cuando no se viola o pisotea --- de una democracia funcional: gobierno por consentimiento, proceso electoral --- cuando no se somete a un fraude masivo, como el del Municipio, Alcalde y Policía de ese ridículo que se llama “Guaynabo City”.

Que Puerto Rico tiene graves problemas de convivencia, de pobreza y marginación, de criminalidad y economía, y de relaciones con Estados Unidos y el resto del mundo, nadie puede dudarlo.  Tiene problemas de corrupción administrativa especialmente dentro del Poder Ejecutivo estatal y municipal.  Otros países los tienen igual.

Tiene problemas de un desarrollo económico estrangulado por causa de la iniciativa de Carlos Romero, Pedro Rosselló y Luis Fortuño para matar la Sección 936 de la Ley Federal (código) de Rentas Internas.  Tiene problemas de Salud, porque los billones de dólares --- federales y estatales --- se desvían hacia aseguradoras con fines de lucro, para que ellos decidan los servicios que ofrecen al pueblo.  Tiene graves problemas de educación publica:  corrupción, incapacidad académica, burocratización casi criminal.

Se organiza la política democrática precisamente para conjurar con lo que se pueda esos problemas.  No existen soluciones totales, absolutas, finales.  Toda conquista social --- entre conflictos, diversidades e incompetencias --- es parcial, incremental, relativa.  El reclamo de lo “absoluto” en asuntos cambiantes me causa urticaria intelectual.  Porque no se puede responder a una situación revolucionaria en sus conflictos con la complacencia conservadora de que hay que adorar las cosas como están, porque están.

El cambio social aborrece los “absolutos”.  Por eso hay que diferenciar lo que se protege en derecho --- el de la fianza, por ejemplo --- y lo que ha demostrado la experiencia en una sociedad cambiante, que exige cambios gubernamentales también.  La sociedad vive el cambio, o lo sufre.  Y entiende la necesidad de adaptar, cambiar, lo que un día se consideró “absoluto”, por una readaptación práctica, a la luz de la experiencia vivida.

No se trata de abolir derechos, sino de adaptarlos a las circunstancias nuevas, a la luz de la mejicanización criminal de nuestra sociedad. 

Se trata mucho menos de que la comunidad sea “ingobernable”.  Se trata de que la realidad cambia y las capacidades de los gobernantes también.  No se trata de “tirar la toalla” de la ingobernabilidad ni de  conservar, contra la experiencia de su inutilidad, derechos “absolutos”.  Se trata de gobernar, con sentido común, pragmáticamente, por gobernantes ilustrados en sintonía con el devenir social que exige soluciones nuevas.

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