El Presidente del Supremo Regaña al Gobernador

El Gobernador de Puerto Rico es electo por el pueblo de Puerto Rico.  El Juez Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Gobernador  y confirmado por el Senado.  En el orden de jerarquía y legitimidad constitucional democrática, el Poder Legislativo es el primer poder del Estado, y el Poder Ejecutivo el segundo.  El Poder Judicial es derivado de estos dos poderes y tiene como función dirimir conflictos de ciudadanos entre sí y con el gobierno.  Pero para eso, ese poder tiene que ser invocado, rogado, para que decida sobre conflictos.  Por eso es que se dice que las dos primeras Ramas de Gobierno --- Legislativa y Ejecutiva --- son políticas en su naturaleza y función:  la Legislativa decide qué hacer desde el Estado, la Ejecutiva cómo hacerlo y cuándo.  En este caso el planteo judicial no ha sido rogado, sino que Hernández Denton lo fabrica, lo mandó a buscar.

Lo anterior es pura letra literal y constitucional.  Pero vivimos --- entre todas las otras crisis de pueblo y de gobierno --- una crisis de subversión del ordenamiento constitucional que se dispara desde la Presidencia del Tribunal Supremo, que le advierte al Poder Legislativo y al Ejecutivo que no legislen de tal o cual manera o de otra, porque si no invalidará sus decisiones constitucionalmente legítimas.  Así, entramos en el despotismo judicial, que unido al despotismo politiquero de la ganga de los seis, deja a Puerto Rico huérfano de justicia a los más altos niveles.

Cuando el Juez Presidente amenaza a la Legislatura y al Gobernador si aprueban tal o cual ley, ha renunciado a la función de árbitro en recursos llevados al Tribunal para convertirse en grupo de presión política en la refriega general de intereses que se ventilan en la Legislatura y en el escritorio del Gobernador.  Un grupo de presión más, en defensa se sus intereses numismáticos.  Ello representa una degradación de los principios de objetividad y desinterés personal y material hasta los niveles más pedestres del egoísmo.

Con todo lo anterior, el Juez Presidente se une a los tres exgobernadores cuya verdadera religión es el dinero, el público, no el que puedan procurarse vendiendo la influencia que el pueblo les otorgó un día, cuanto parecían otra cosa.

Cuando el Juez Presidente le dicta al Gobernador para que sea “firme” y no apruebe la pieza aprobada por la Legislatura y que afecta su bolsillo --- a pesar de sus bochornosos privilegios de casta y clase --- lo que está diciéndole al Gobernador es que no sea “cobarde”.  ¡Bonito ejemplo para la ciudadanía en general!

Recuerde el lector que se trata del mismo Presidente del Tribunal que defendió el crimen de Paseo Caribe contra los intereses y derechos públicos, a pesar de la lección de la historia jurisprudencial aplicable que le quiso enseñar la juez Ileana Fiol.  ¿Quién es cobarde, a fin de cuentas, cuando se trata del dinero de la autodenominada “elite del poder”?