Primero el Tribunal Supremo, ahora el Arzobispo

Nuestro País es el más politizado del universo y de la historia.  Sólo comparable con la Atenas del siglo quinto antes de Cristo, los partidos luchaban como fieras, sin límites, hasta el debilitamiento total, exánimes a la llegada de la agresiva Esparta.

Nuestra Constitución legitima los partidos políticos como representantes de las facciones organizadas, y deja el campo libre a su organización y proliferación.  De ellos se nutre el Estado, que entonces se organiza en Ramas de gobierno, Legislativa, Ejecutiva y Judicial.  En ese esquema, los valores operantes del pueblo --- sus intereses --- se canalizan hasta convertirse, mediante acción legislativa, en leyes que organizan la vida ciudadana de forma pacífica.

A veces no nos gusta el producto legislativo, como culminación del proceso contencioso y antagónico que para cada ley se escenifica a todo lo ancho y largo de la sociedad.  Por más diverso y complejo que sea el proceso, un día tiene que terminar y producir leyes válidas para todo el pueblo.  Si alguien cree que esas leyes violan los derechos de los ciudadanos, individual o grupalmente, la Constitución provee un poder judicial para certificar o invalidar esas leyes.  Lo que no debe ocurrir, sin violar la letra y el espíritu de la Constitución, es que los jueces se adelanten al derecho rogado y entren a la refriega política, degradando así su función de árbitros imparciales.  Que una ley les parezca inconstitucional, bien, pero espere que se le plantee la cuestión para revisión judicial y no brinque la valla de su imparcialidad y objetividad por el hecho de que se afecte.

Ese es el cuadro que hemos observado en los últimos días tras haber tirado a la palestra pública, el Juez Presidente, al Tribunal que preside, restándole en adelante su independencia de criterio y acción, y su dignidad y honor, lo que le quede.

Para complicar la situación y empeorarla, aumentando la confusión, el Arzobispo de San Juan entra a la palestra pidiendo negociación sobre la ley ya aprobada sobre el retiro de los maestros.  Hace meses que se está discutiendo en el gobierno --- Legislatura y Gobernador --- con los maestros, que lo único que han propuesto es posponer, posponer y dilatar, ¿esperando qué, a Godot acaso?

El Arzobispo revierte su intervención a los días del “ancient régime” previo a la Revolución Francesa, cuando la Iglesia Católica era el segundo poder del reino, después del rey y la nobleza, sobre el Tercer Estado, que era el pobre pueblo.  El Arzobispo debe saber que eso ha cambiado, y que su Iglesia puede opinar pero no mandar.  Este diferendo entre pueblo y gobierno por un lado, e intereses particulares por el otro, no tolera directrices religiosas de toreros espontáneos.  Primero los jueces, ahora el Arzobispo.  Aquí todo el mundo quiere mandar por sobre los representantes electos por el pueblo.  Así no es en la democracia.