Cuando
en los asuntos prácticos --- morales, políticos, y de relaciones humanas oigo
el vocablo “absoluto”, se me activan las antenas de la precaución
intelectual. Porque en esa vida
social y política las cosas no siempre caen cara o cruz --- como decía Ortega y
Gasset, en la política la verdad cae de canto.
Creo
que el lector necesita, para apreciar con justicia la posición de Alejandro García
Padilla sobre la enmienda constitucional al “derecho absoluto” a la fianza, una
mirada histórica a las condiciones y circunstancias en que se aprobó ese
derecho en nuestra Constitución.
Llamo la atención a dos factores en aquellas circunstancias: en primer lugar, se trataba, en
1950-1952, de una sociedad rural, segura, de la mitad de la población que hoy
tenemos. En segundo lugar, la
composición de la Asamblea Constituyente estaba recargada en demasía hacia
abogados criminalistas --- Víctor Gutiérrez Franqui, Benjamin Ortiz, Luis Negrón
López, Arcilio Alvarado, Santiago Polanco Abreu, entre muchos otros, quienes naturalmente
pensaban positivamente de su profesión.
Sea el
caso como fuese, históricamente, no puede caber duda de que nuestra sociedad industrial-comercial
urbanizada difiere radicalmente de aquella pequeña sociedad rural, tranquila, pacífica. El proceso de “mejicanización” ---
droga, dinero, armas de fuego, familia y sociedad descompuestas, y el crimen
como lenguaje de comunicación social --- confronta a nuestra sociedad con retos
y soluciones más a la altura de los tiempos, lejos de las rúbricas litúrgicas
de unos derechos civiles absolutos que dejan indefensa e inerme a la comunidad
víctima del terror criminal.
Piense
el lector de estas líneas, ¿a quiénes y a cuántos protege el derecho “absoluto”
a la fianza? De nuestros cuatro
millones de ciudadanos, ¿cuántos perderían ese derecho absoluto a la fianza si delinquen en forma
macabra contra sus conciudadanos --- así determinado por Fiscalía, y por un
juez con discreción para así
confirmarlo? Se trata de un pequeño
grupo, menor a una décima del uno por ciento, que perderían por unos meses el
privilegio de la libertad, con todas las garantías de Fiscalía y el Tribunal
para la evitación de errores lamentables.
Ese no
es mucho sacrificio para asegurar la paz del resto del 99.99 por ciento de la
población.
¿Puede
decirse con seriedad de que se está creando la sociedad fascista porque todos
los criminales no gozan del derecho “absoluto” a la fianza?
Los
Estados Unidos de America, el país más humano y comunitariamente libre de la
tierra, ¿es acaso fascista porque no complace en esto a los ideólogos marxistas
y fidelistas, sabiendo como saben que el marxismo y el castrismo aborrecen los
derechos ---todos --- de las personas frente al Estado?
La función
del político democrático ---Alejandro García Padilla en este caso --- es
facilitar las transiciones sociales, aún en el caso en que sus propios
seguidores padezcan de confusión y ambigüedad. Así es la vida política. Pero un líder que envuelve a sus seguidores en unos cursos
de acción, les debe la lealtad de ilustrarlos, aunque se quede solo, aunque el
cálculo político en estos casos --- y lo es necesariamente en el caso de
Alejandro García Padilla --- es el de contribuir a la victoria. Si esa victoria es obtenible con una rectificación,
en honor a la realidad objetiva de las cosas, no hay porqué permanecer de rehén
político de unas expresiones incompletas y prematuras en sentido contrario.
Porque
la responsabilidad principal del líder democrático es ganar las elecciones, por
el pueblo y para el pueblo, no importan las espinas del camino. Que conserven la terquedad del error
los ideólogos, los iluminados, los que César Andreu Iglesias llamó “los
derrotados”.
La
democracia no trata de la feliz consistencia, terca e inflexible, sobre un asunto
dado. La democracia trata del Bien
Común. Ese bien común, como condición
normal de tranquilidad, sí que es un derecho absoluto. No se puede confundir
los derechos políticos con la imprudente protección “absoluta” de los
criminales, por unas semanas a lo más.
Que
unas docenas de presuntos criminales pierdan la libertad por unas semanas en lo
que se documentan sus crímenes resulta mucho menos oneroso que toda una
comunidad viva mexicanamente a sobresaltos por rendirle pleitesía ritual a un manual
ideológico político que gira contra a la tranquilidad de todo el pueblo.
Alejandro
García Padilla puede explicar al pueblo todo cuanto quiera sobre su evolución
racional en este asunto. Pero no
tiene que darle excusas a sus enemigos ideológicos, que nunca estarían con él,
aunque les hablara desde el Sinaí, o de la Sierra Maestra.