La Cámara
de Representantes se enfrenta mañana, dentro de unas horas, a dos decisiones
que marcarán su definición política y moral ante el pueblo de Puerto Rico. O abjura de sus compromisos programáticos
contra discriminación por motivos de orientación sexual, o se alía al
oscurantismo cavernario del fundamentalismo religioso, por un lado. Por el otro, o le imprime su aprobación
de sello de goma al proyecto engañoso que bajo el liderato negativo de Eduardo Bahtia
convirtió una promesa solemne de reforma legislativa en un aguaje, en un
simulacro de reforma que, excepto por la eliminación de las deshonestas dietas
y los carros, deja las cosas como estaban, ahora con el imprimatur del Partido
Popular, o lo rechaza y lo devuelve a sus autores.
Para
aliviar el dolor de prescindir de los carros, el Senado establece pagos por
millaje, a diferencia de todo el pueblo trabajador puertorriqueño que tiene que
pagarse su transportación con sueldos anémicos comparados con los sueldos de
jeques árabes de los legisladores.
Eso más los 73 mil dólares de sueldo básico, y 35% de ese sueldo que se
pueden ganar en la calle. ¡Cuantos
profesionales puertorriqueños envidiarían esa jauja!
La
Legislatura tampoco ha rebajado sustancialmente sus gastos totales, excepto por
unos recortes simbólicos.
Se insiste,
sin embargo, en las dos sesiones legislativas, contrario a lo prometido, y
repudian la promesa del legislador a tiempo parcial en una sola sesión, que da
y sobra para las necesidades del País.
Aquí es que ocurre la mayor tergiversación de lo prometido: llaman legislador ciudadano a todos sus
miembros. Claro: todos somos ciudadanos. Pero la promesa al pueblo trataba del
“ciudadano legislador”. Es decir,
un ciudadano que vive y se desempeña en cualquier función, oficina o profesión
en su comunidad y que además, por el tiempo que sea necesario, por unos meses
al año, rinde funciones de legislador.
Llamarle legislador ciudadano a uno que prácticamente vive todo el año
en el Capitolio es un engaño, un sofisma, un incumplimiento.
La Cámara
debe devolverle ese proyecto al Senado para que lo conforme al compromiso político
y moral con el pueblo.
Claro,
el problema es que el Gobernador encuentra maravillosa cuanta falsificación
producen sus legisladores, y entonces se carece de estándares para medirlos.
Por ese
camino vamos a una legislación estrafalaria cuando pudo haber sido fiel a lo
contratado con el pueblo. Pero
para eso faltan criterios claros y firmes, faltan estándares y consistencia
para aplicarlos.
Puede
ser que sea mucho pedirle a la Cámara que apruebe su proyecto 238 y rechace a
espuria “reforma legislativa”. Sólo
quiero dejar claras las opciones de la seriedad política, contra la marrullería
que mata las esperanzas del pueblo.
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