La Agenda Universitaria

Desde los años setenta del pasado siglo la Universidad no había contado con una Junta de Síndicos que cumpliera con los dos propósitos básicos de su función: representar bien, profesional y cívicamente a la comunidad política que la estableció y la sostiene, por un lado, y por el otro dirigir normativamente la Universidad para que sus componentes internos --- administración, claustro y estudiantes --- puedan ejercer sus funciones propias de enseñar y aprender, investigar y contribuir con sus experiencias y perspectivas al desarrollo académico, docente y de irradiación cultural desde dentro de la Universidad hacia la totalidad de la polis que la creó y la sostiene.

Es ingente la tarea de esa Junta de Gobierno, desde la limpieza de la masiva corrupción que hereda hasta el diagnóstico y redefinición de la misión de la Universidad en los albores del Siglo XXI, a los ciento diez años de su fundación.

De todos los procesos de transformación que la generación del 40 impulsó y logró para Puerto Rico, que el sociólogo español Don Francisco Ayala llamó “la dilatación de una isla”, ninguno más decisivo y creador que el que se dio en la Universidad de 1942 a 1970, cuando los primitivos del PNP arrasaron --- como durante los últimos cuatro años --- la inteligencia universitaria en favor de la ignorancia audaz, desde Ismael Almodóvar hasta Miguel Muñoz.

Fui el autor principal de la Ley Universitaria de 1966, primero como reformista desde el claustro universitario y luego como senador del Estado Libre Asociado, con el respaldo, claro está, de otros reformistas como Severo Colberg, Aguedo Mojica y Don Arcilio Alvarado, asesorados por un comité de ilustres ciudadanos nombrados por Don Roberto Sánchez Vilella para colaborar con los universitarios en la formulación del nuevo estatuto, compuesto este comité por el obispo católico Ivan Illich, Don Rafael de J. Cordero, el Reverendo Jorge Nehemias Cintrón y el filósofo chileno Jorge Milla.

Aquella Ley de Reforma reafirmaba la autonomía universitaria de 1942, aumentando la autonomía de los recintos y limitando la Presidencia faraónica del Rector de entonces --- en cada recinto, pero especialmente del de Río Piedras --- limitando al nuevo Presidente creado por esa Ley a una función de coordinación e integración entre recintos y naturalmente invitando al ejercicio del liderato, que si lo hay amplía el poder positivamente, pero que si no lo hay, no puede hacerle mucho daño a la autonomía de los recintos.  Desgraciadamente, y a pesar del espíritu y del mandato de aquella Ley, todos los Presidentes han burlado sus disposiciones, interviniendo indebidamente los asuntos internos, normativos y administrativos de los recintos.

La nueva Junta tiene que familiarizarse con esa historia y con la tensión permanente entre el poder ejecutivo central y la autonomía académica y administrativa de los recintos autónomos.

Pero tiene que hacer mucho más, que explicaré luego en este espacio.