martes, 13 de mayo de 2014

Energía Eléctrica: El Problema, la Ley, y el Asunto Fundamental


La Cámara de Representantes aprobó hoy una nueva ley para regir la administración de la AEE.  El documento concilia los puntos de vista encontrados del Gobernador, la Cámara, y el Senado lidereado por su Presidente Eduardo Bhatia.  El acuerdo supone un consenso labrado a partir de posiciones radicalmente divergentes entre Fortaleza y ambos Cuerpos Legislativos.  Así ocurre siempre en la democracia:  el consenso se acuerda, se llega a él a partir de posiciones inicialmente encontradas, no se parte de él, puesto que en ese caso no habría problema político alguno de valor en una democracia que es sobre todo discusión a partir de diferencias.  En ese sentido hay que reconocerle a las partes inicialmente encontradas su buen fe y su responsabilidad para producir una legislación aceptable a todos.

En este proceso hay que destacar el trabajo serio y productivo  del Representante Jesús Santa, quien no sólo produjo ideas conciliatorias, sino efectivas a un tiempo para salvar las diferencias iniciales con Bhatia y el Senado.

La nueva legislación para la AEE se propone producir un desempeño eficiente, económico, honesto y a corto plazo para bajar el costo de la energía en Puerto Rico.  No es adecuada a la totalidad del problema --- como el de los abusivos subsidios a los municipios, a los hoteles, a las iglesias, entre otros beneficiarios irracionales de las tarifas que paga el pueblo --- pero es un buen comienzo para enderezar el carrito loco en que se ha convertido la AEE.

La nueva ley no toca tampoco la politización --- partidización --- de los puestos, las funciones y demás corrupciones de la agencia.  Pero es un buen comienzo, que a la luz del ojo atento de la ciudadanía podría comenzar el adecentamiento de la Autoridad.

En el fondo del debate sobre esta ley y las vicisitudes de la AEE late un debate de filosofía política y de teoría democrática:  ¿Quién le responde al pueblo, que es el dueño de la Autoridad, por el desempeño de sus oficiales?  La Autoridad la creó el pueblo, la financia el pueblo consumidor de la energía, y tiene que responderle al pueblo sobre la eficiencia de su producto --- o sobre la excelencia o corruptela de su desempeño --- al momento en que el ciudadano necesite y demande explicaciones sobre injusticias y abusos de la Autoridad.

Si se entrega ese acervo estratégico del pueblo a manos privadas, en el momento de pedir cuentas o corregir abusos y agravios, ¿a dónde acudirá el ciudadano?  Porque el principio de la empresa privada es el lucro.  El de la empresa pública es el servicio.  Esa es la gran cuestión que late en el fondo de este debate.  Jamás debe perderse de vista.  Porque ese es el asunto fundamental.

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