¿Obligación? ¿De quién y con relación a quien? Del Estado democrático para con el
pueblo que lo instituye, lo juzga periódicamente, y lo valida o lo rechaza y lo
destituye. A eso llamaba Nicolás
Maquiavelo y todos los tratadistas que le sucedieron, hasta John Locke a fines
del siglo XVII y Tomas Jefferson a fines del siglo XVIII, la “razón de estado”,
o en el lenguaje más sencillo de los políticos y la ciudadanía, el “police
power” para con sus representados y el pueblo en general.
Lo que
el Gobernador Alejandro García Padilla y la Legislatura de Puerto Rico aprobaron es una variante de esa obligación política de los gobernantes hacia
los gobernados en un sistema democrático representativo.
Traducida
al lenguaje ordinario esa obligación política, estamos hablando de los
servicios que el gobierno le debe al pueblo, entre ellos, principalmente, los
de salud, educación, seguridad y oportunidades de empleo.
Que
aparezca en el discurso público una corporación de especulaciones en bonos y
préstamos y le diga al mundo que Puerto Rico ha cometido el enorme crimen de
anteponer los servicios al pueblo por sobre el pago a tiempo y totalmente de su
deuda bursátil constituye una obscenidad moral que hay que repudiar con todas
las fuerzas que la responsabilidad y el patriotismo exigen.
Ahora
bien, si la intuición moral y el sentido común, y el derecho vigente que
representa la justicia absoluta, resultaran derrotadas en las cortes del
imperio, ¿qué vamos a hacer como pueblo?
Esa
pregunta tiene carácter abismático para nuestro pueblo. Yo sé cual debe ser la respuesta, pero
quiero escuchar otras voces, otras conciencias, sobre tal condición hipotética
y moralmente límite.
No hay comentarios:
Publicar un comentario