En el
“boxscore” que cada ciudadano
lleva sobre las acciones del gobernador, en el día de ayer, como todo ciudadano
alerta, apunté en mi libreta tres aciertos y una falla. Los aciertos: restituir a la Universidad de Puerto Rico los fondos que
Luis Fortuño le negó como parte de la autonomía fiscal que apoya la autonomía
administrativa y educativa que creemos --- y queremos --- que la Universidad
tenga; restituir a los estudiante la cuota de $800 dólares que arbitrariamente
le impusieron el año pasado; y finalmente, la devolución a la Universidad de
los terrenos agrícolas y sede experimental de Gurabo, una medida politiquera de
Fortuño y el alcalde de ese pueblo, que pudo usar como demagogia partidista
para ganar las elecciones.
No hay
que explicar mucho el mérito evidente de esas propuestas del gobernador, que
revocan y consignan tres abusos flagrantes de Luis Fortuño.
Sin
embargo, no entiendo ni puedo justificar la decisión de retener a base de una
supuesta confianza, al Superintendente Héctor Pesquera en la Policía. No puedo creer que el gobernador pueda
tener confianza en ese personaje --- un cuerpo extraño en nuestra Policía ---
sin relación ni afectos con nuestra sociedad, tan extraño como Figueroa Sancha,
de ingrata recordación, y claramente leal al FBI, al gobierno federal, y de
mentalidad tan fascista como Figueroa Sancha. ¡Un descuento para el gobernador!
Volviendo
a la Universidad. Nos encontramos allí
con un patrón de costos de matrícula en alza y unos ingresos en baja. Sabido es que un por ciento mayoritario
de los estudiantes del sistema que son admitidos a la Universidad vienen de
escuelas secundarias privadas, cuya capacidad familiar para pagar es muy
superior a los que provienen de la escuela pública. Las prioridades, por tanto, de la educación universitaria pública
como servicio, están invertidas.
La única manera de corregir tal desigualdad es la de someter la matrícula
universitaria a un “means test”, esto es --- dada la capacidad académica para
cualificar --- que los más pudientes paguen más, y menos los menos
pudientes. En este caso un trato
diferente por capacidad económica resulta un trato igualitario en cuanto a
oportunidad.
Algún
legislador atento debería radicar una medida que realice este principio.
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