La noción
general de que la democracia liberal garantiza la pluralidad de intereses,
facciones, valores y asociaciones, para el propósito de construir un consenso
que permita gobernar a nombre del pueblo --- el pueblo como estado --- y los
gobernantes electos actúen como oficiales de ese pueblo, esa teoría y esa práctica,
digo, ha estado en crisis en nuestro País. Unos, los de la izquierda evanescente, proclaman la crisis
terminal de ese sistema. Lo que
hay que hacer, sostienen, es abolir el sistema democrático electoral y optar, a
lo Cuba y China, por el partido único, pletórico de virtud, desinterés
material, y sabiduría recóndita para establecer no lo que el pueblo quiera,
sino lo que necesita, conforme a su sabiduría patriótica infalible. Los hechos concretos de la historia no
afectan esa tesis porque se trata de ideología no sujeta a los vaivenes de la
historia y la sociedad, a diferencia de los ingenuos demócratas, que pensamos
que el pueblo es el mejor árbitro de lo que necesita y le conviene.
Ahora
bien, esa tesis peregrina no se limita a los ideólogos de la izquierda, sino
que está acompañada, recompensada ideológicamente, por los comerciantes de la
derecha, los que concuerdan --- implícita, sigilosamente, y a nombre de la
democracia misma, que la crisis no es de esta sino de los gobiernos. Por eso agitan que lo que hay que hacer
es privatizar el gobierno y entregarle el poder político y administrativo a la comunidad,
las comunidades, preferiblemente a ellos mismos. Hoy por hoy ese interés privado, a nombre supuestamente de
“la comunidad”, está lidereado por un nuevo partido que no figura en las listas
de inscripción de la Comisión Estatal de Elecciones: se llama “El Nuevo Día”. Hace décadas que actúa así, en una gran estrategia de
mercadeo. La familia que lo posee
y lo dirige tiene sus uñas y sus
espuelas metidas bien adentro en los bancos, en las aseguradoras de salud, en
los museos, y en las escuelas.
La
primera fase de esta agenda política, con cara angelical de servicio público, empezó
con “El Nuevo Día escolar” --- metiendo sus periódicos en la escuela como
vectores de la penetración ideológica --- comercial, primera de una serie de
penetraciones que han proliferado en días recientes para apropiarse de la
educación pública, de la actividad cultural, de la transformación de la AEE, y
esta semana de los planes y las estrategias anti-crimen. Lo que dice El Nuevo Día en todos estos
asuntos es sencillo: los políticos
electos no saben, deben entregarle todas esas funciones a “la comunidad”, esto
es, a los grupos privados timoneados por “El Nuevo Día”.
¡Comunidad,
comunidad! ¡Cuántas falacias y falsas representaciones se cometen en tu nombre!
Vamos a
estar claros: el Estado, las
administraciones de gobierno a todos sus niveles, tienen que --- como proceso
no sólo deseable, sino necesario --- contar con, e insertar a la comunidad política
y social en sus programas, porque ello enriquece las opciones y la obra de
gobierno. Ello quiere decir
continua consulta, discusión, diálogo.
Porque hay que gobernar con y
para la comunidad. Pero no por la comunidad, porque hay muchas comunidades e intereses. Para gobernar está el gobierno, no El
Nuevo Día y su comunidad fantasma, el “Phantom public” de que nos habló Walter
Lippmann. A El Nuevo Día que se
inscriba como partido y que se apee del mercadeo espurio.
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