Por
primera vez en la historia, a partir de la Escuela Normal de 1903, se ha
seleccionado un Presidente de la UPR sin dictados de Fortaleza. A pesar del concepto de autonomía
universitaria acuñado en la Ley de Reforma Universitaria de 1942, los dedos de
butifarra de los gobernantes de turno se hundían a gusto en el proceso de
seleccionar --- primero al Rector y luego al Presidente de la institución,
mientras se hablaba de autonomía.
Los
últimos dos Presidentes de la Universidad resultaron tan descaradamente
instrumentos partidistas que la designación de ayer brilla por la aparente
ausencia de instrucciones de Palacio sobre a quién designar. A ello contribuyó el hecho de que la
Junta de Gobierno actual no hubiese tolerado el insulto de instituciones
partidistas. Con ello quiero decir
que el proceso de recibir candidaturas, someterlos en consulta a los
universitarios de los Recintos, y finalmente designar por mayoría de votos
registrados, se cumplió a cabalidad.
Así se cumplió la intención de la Ley de 1966, por la que ejercí como
universitario primero y como senador después la mayor influencia, desde 1962 a
1966.
El producto
de ese proceso, sin embargo, dejó mucho que desear, porque producto no es meramente
el acto final de nombrar, sino las incidencias dentro de la Junta de Gobierno
--- la fenomenología de la decisión --- que produjeron el resultado anunciado,
y ya final.
La Ley
de 1966 fue diseñada para evitar dos extremos, por un lado la dictadura presidencial
o rectoral, y por el otro la guerrilla electoral dentro de la Universidad. La consulta a todo lo largo y lo ancho
del sistema universitario --- consulta de verdad, para ser atendida por cada
poder nominador --- evita la dictadura, acompañada como está por instituciones
de participación a todos los niveles de la vida universitaria: Consejos de
Estudiantes --- suprimidos en 1948, después de una cruenta y destructiva
huelga, con ribetes políticos ---, Juntas Administrativas de Recintos, Senados Académicos
de Recintos, Junta Universitaria
integradora del sistema, no como ejecutiva dentro del ámbito académico y
administrativo autónomo de cada uno de ellos.
Con las
últimas enmiendas --- enmiendas a las enmiendas que impuso el gobernador
Fortuño --- y con la constitución de la nueva Junta de Síndicos, se le ha
devuelto la seriedad y la dignidad a estos cuerpos institucionales.
No nos
tiene que gustar el resultado en términos de personas y tácticas en la
comunidad universitaria y dentro de la Junta. Sus defectos y errores --- en actividades y maniobras ---
son corregibles con el tiempo, excepto por una táctica sucia, anti-universitaria,
que han utilizado los componentes sindicales --- la difamación --- contra el
honorable, digno, distinguido académico, investigador, autor y administrador
universitario que hay en el doctor Jorge Rodríguez Beruff.
Vaya
desde este espacio, a nombre de la decencia que debe informar estos procesos,
mi repudio a los difamadores.
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