Hablemos de Pensiones

El gobernador ha propuesto, con considerable riesgo político, y con fundamentos económicos y morales parciales, una reforma en las pensiones del Sistema de Retiro de los servidores públicos que un día sostuvieron la excelencia de las funciones públicas para con toda la ciudadanía.

La reforma del Sistema de Retiro es impostergable, por necesaria y por ser actuarialmente obligatoria para un gobierno responsable.  Para demostrar lo que significa su contraparte demagógica y politiquera no hay más que recordar el proyecto de Jenniffer González de prometer una rebaja en la tarifa del agua con un préstamo al Banco Gubernamental a cuenta del Sistema de Retiro quebrado, a semanas de las elecciones.

Digo que es impostergable porque por demasiado mucho tiempo los políticos, legisladores y moradores de la Fortaleza usaron a Retiro como ATH para comprar votos, regalar bonos de esto y de aquello sin la más mínima sombra de responsabilidad para con la aritmética y la salud integral de Retiro y del Fisco.

El problema con la propuesta del gobernador es que es incompleta, desbalanceada e injusta.  Es correcta hasta donde alcanza pero es evidentemente parcial e injusta porque pone a subsanar el desastre fiscal que heredó, a los retirados de la clase media y clase media baja, mientras deja intocada la injusticia de las pensiones de la Rama Judicial, que representan un escándalo moral, y las pensiones de los alcaldes, que se asignan las pensiones que les da la gana cuando se aumentan los sueldos precisamente para eso.  Arlequín de Guayanilla y Chemo Soto de Canóvanas son los “poster boys” de esa gansería endémica y cumulativa.

Los jueces se han asignado a sí mismos unas pensiones equivalentes a sus sueldos, y es heredable por sus esposas, con todo y los aumentos que se hagan ellos mismos --- los activos en el Tribunal Supremo --- hasta que se mueran.  De esa manera un Efraín Rivera anda por ahí de contratista y cabildero, apeando cientos de miles de dólares adicionales, y un Antonio Negrón García produce alegatos para un poderoso bufete, más la pensión, que no es Cadillac, sino Maserati.  Esa desigualdad e injusticia claman a los cielos.

Clama a los cielos también que los gobernadores Hernández Colón, Romero, Rosselló y Fortuño anden por ahí, y en los Estados Unidos, con escoltas millonarias en costo, como cabilderos y abogados activos, más fundaciones fatulas que nada producen para el País, excepto la chupeta presupuestaria que inmoralmente ostentan.

Hasta que el gobernador no confronte esas gollerías e injusticias oficiales, no debe limitar las pensiones modestas del servicio público de la clase media baja retirada.  Igual debo decir de la patente de corso contributiva de los ricos evasores, dueños de yates, mansiones, y refugios contributivos que le trabajan los abogados y contables, o los médicos que sólo cobran en efectivo los deducibles de los planes de salud.  La cosa es demasiado gruesa para ser ignorada.

¿Cuándo va el gobernador y la Secretaria de Hacienda a nombrar la Comisión de Investigación de la Evasión Contributiva para que le informen al País las personas, corporaciones y cantidades de evasión contributiva  que, a falta de sus pagos, diz que obligan al gobernador a partir la soga por lo más finito?

O el Partido Popular y el gobernador se definen como agentes revolucionarios, moral y económicamente hablando, o se dedican a la sastrería de los remiendos parciales que se ven a simple vista, y abochornan.

No pretendo que se resuelvan todos los problemas de una vez, pero sí pretendo que se entienda su interrelación y causalidad recíproca, y que nadie quede exento y a salvo, como de la casa, como en tiempos de Fortuño.