Uno de
los elementos universalmente reconocidos por todas las teorías sobre el
contrato social es el del monopolio del poder del Estado para asegurar la paz y
la tranquilidad en la comunidad civil creada por ese contrato social. Ese es el origen y la legitimidad del
aparato militar --- contra la agresión externa --- y de la policía para
asegurar la paz civil, interna, entre los ciudadanos. Por eso ni uno ni el otro puede abandonar, legal o
moralmente, sus puestos.
Por eso
decimos que la policía es un cuerpo cuasi militar, y que su comandante general
es el jefe del Estado. En nuestro
caso el Gobernador de Puerto Rico.
Pues
bien, existe hoy en Puerto Rico un estado de insurrección de miles de policías
que se niegan a cumplir con su deber a menos que el Gobernador no se rinda a
sus demandas de un pago inmediato por horas extras trabajadas y acumuladas
durante la administración de Luis Fortuño, algo para lo cual no hay dinero en
las arcas del Estado como las dejó Fortuño.
Se
trata de una obligación que el Gobernador se ha comprometido a cumplir tan
pronto cuente con los recursos para hacerlo sin crear otras crisis en otros
sectores de las necesidades públicas.
El
estado de situación no es difícil de entender para personas que de buena fe
plantean sus demandas y derechos.
Pero ese no es el caso del mal llamado liderato de las organizaciones
sindicales de la Policía. Todo ese
liderato, desde los tiempos de Luis Ferré responde a intereses y oportunismos
penepeístas, desde el notorio Ángel David González, pasando por Taboada de Jesús
hasta los activistas que hoy agitan irracionalmente contra el Gobernador. El Gobernador se ha virado ---
sinceramente --- los bolsillos al revés y les ha dicho que la deuda con los policías
es legítima y que se honrará pero que tienen que esperar hasta que allegue los
recursos. El liderato apócrifo de
la Policía no quiere entender, y ha creado una crisis de seguridad pública que
el Gobernador como jefe de ese cuerpo y responsable de la ley y el orden ante
sus ciudadanos, no puede tolerar.
¿Cómo es que los republicanos y derechistas de la ley y el orden invitan
al desorden cívico por meras razones de oportunismo partidista cuando a Luis
Fortuño le toleraron todos los engaños e incumplimientos?
El interés
público y la seguridad pública en este asunto no pueden depender del liderato
politiquero, descaradamente PNP, de la Policía.
Respóndale
el Gobernador a la ciudadanía, y los líderes buscones de la Policía que le
respondan a sus marrulleros políticos del PNP que les están dando cuerda.
En la política
y en el gobierno hay cosas transables, negociables y cosas que no lo son. Si el Gobernador cede el interés del
pueblo ante este liderato de extorsión, habrá rendido su responsabilidad y
confundido al pueblo sano y razonable que le observa. ¿O es que puede tolerarse impunemente un estado policíaco
estrafalario y pedestre a la altura del Siglo XXI?
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