lunes, 22 de abril de 2013

¿La Ley y el Orden con Brazos Caídos?


Uno de los elementos universalmente reconocidos por todas las teorías sobre el contrato social es el del monopolio del poder del Estado para asegurar la paz y la tranquilidad en la comunidad civil creada por ese contrato social.  Ese es el origen y la legitimidad del aparato militar --- contra la agresión externa --- y de la policía para asegurar la paz civil, interna, entre los ciudadanos.  Por eso ni uno ni el otro puede abandonar, legal o moralmente, sus puestos.

Por eso decimos que la policía es un cuerpo cuasi militar, y que su comandante general es el jefe del Estado.  En nuestro caso el Gobernador de Puerto Rico.

Pues bien, existe hoy en Puerto Rico un estado de insurrección de miles de policías que se niegan a cumplir con su deber a menos que el Gobernador no se rinda a sus demandas de un pago inmediato por horas extras trabajadas y acumuladas durante la administración de Luis Fortuño, algo para lo cual no hay dinero en las arcas del Estado como las dejó Fortuño.

Se trata de una obligación que el Gobernador se ha comprometido a cumplir tan pronto cuente con los recursos para hacerlo sin crear otras crisis en otros sectores de las necesidades públicas.

El estado de situación no es difícil de entender para personas que de buena fe plantean sus demandas y derechos.  Pero ese no es el caso del mal llamado liderato de las organizaciones sindicales de la Policía.  Todo ese liderato, desde los tiempos de Luis Ferré responde a intereses y oportunismos penepeístas, desde el notorio Ángel David González, pasando por Taboada de Jesús hasta los activistas que hoy agitan irracionalmente contra el Gobernador.  El Gobernador se ha virado --- sinceramente --- los bolsillos al revés y les ha dicho que la deuda con los policías es legítima y que se honrará pero que tienen que esperar hasta que allegue los recursos.  El liderato apócrifo de la Policía no quiere entender, y ha creado una crisis de seguridad pública que el Gobernador como jefe de ese cuerpo y responsable de la ley y el orden ante sus ciudadanos, no puede tolerar.  ¿Cómo es que los republicanos y derechistas de la ley y el orden invitan al desorden cívico por meras razones de oportunismo partidista cuando a Luis Fortuño le toleraron todos los engaños e incumplimientos?

El interés público y la seguridad pública en este asunto no pueden depender del liderato politiquero, descaradamente PNP, de la Policía.

Respóndale el Gobernador a la ciudadanía, y los líderes buscones de la Policía que le respondan a sus marrulleros políticos del PNP que les están dando cuerda.

En la política y en el gobierno hay cosas transables, negociables y cosas que no lo son.  Si el Gobernador cede el interés del pueblo ante este liderato de extorsión, habrá rendido su responsabilidad y confundido al pueblo sano y razonable que le observa.  ¿O es que puede tolerarse impunemente un estado policíaco estrafalario y pedestre a la altura del Siglo XXI?

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