Desde un punto de vista sociológico la segunda quincena de julio
constituye, anualmente, un ghetto retórico que entretiene al pueblo, enriquece
a los medios de comunicación y a la industria publicitaria, y desorienta al País
sobre su historia, su presente y su futuro.
Durante el siglo 19, el siglo 20, y lo que va del 21, la misma lógica
de la realidad objetiva ha frustrado a los líderes de las diversas alternativas
de status, aunque a unos más que a otros:
a los independentistas en forma absoluta, a los estadoistas en forma
igualmente desmoralizante, y a los autonomistas parcialmente, primero frente al
absolutismo monárquico español y luego frente al Congreso de los Estados
Unidos.
Puesto que las posturas de los independentistas y los estadoistas han
sido ideológicamente absolutistas, la frustración ha sido también
absoluta. El liderato autonomista,
sin embargo, por ser pragmática e incrementalista, ha tenido éxito
significativo en la obtención de importantes derechos políticos: la Carta Autonómica
de 1897, la Ley Jones de 1917, y el Acta del Gobernador Electivo de 1947. Luego, la Ley 600 del 1950 y la Constitución
del Estado Libre Asociado en 1952, avalada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la Resolución 748 del 1953.
No se ha obtenido todo lo que el pueblo de Puerto Rico necesita y
merece --- a lo que tiene derecho, natural y político --- pero este proceso ha
significado una importante conquista política de gobierno propio, mientras las
posturas ideológicas absolutas de todo o nada, han quedado a la vera del camino
con precisamente eso: nada.
Esa nada independentista y estadoista es la respuesta a dos posturas
políticamente machorras, que no le han añadido a este pueblo una sola
prerrogativa o derecho o
institución que amplíe sus capacidades e iniciativas. Eso es así desde el Grito de Lares de 1868 al 25 de julio
del 2013.
La agenda, por si esas dos posturas estériles quieran invertir sus
respectivas nadas en algo digno y productivo para el País, es sencilla: al independentismo que vaya y obtenga
la voluntad del pueblo tras su aspiración absoluta; y al estadoismo que vaya y
obtenga del Congreso norteamericano la disposición de aceptar a Puerto Rico
como estado. Entonces y sólo
entonces puede este pueblo tomar una decisión racional, no suicida, sobre su
destino político. Hasta entonces
no vale la pena continuar con la comedia retórica de ¡status… status… bla…bla…bla!
Para el autonomismo el futuro posible requiere un continuo planteo de
derechos y necesidades de Puerto Rico, en Casa Blanca, en el Congreso, en la
Prensa y en las calles de Washington y otras grandes ciudades. Puerto Rico gasta cientos de millones
de dólares en cabildeo improductivo, a unos cabilderos carentes de seriedad y conciencia
sobre los derechos de Puerto Rico.
¿Por qué no emplear parte de ese dinero en un cabildeo político real,
que el Presidente y el Congreso tengan que reconocer como problema real? En ausencia de eso no pasará nada. Con dos o tres alcahuetes locales
detrás del Presidente y de cada partido nacional, perdemos el tiempo y el
dinero.
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