Para
cerca de millón y medio de puertorriqueños, de clase económica media baja y
pobres absolutos, su única esperanza de atender sus problemas de salud radica
en el Departamento que la Constitución del Estado Libre Asociado creó para esos
fines. Hasta 1994 así se dispuso
en las leyes sobre la salud del pueblo y sobre la estructura administrativa
responsable de usar los dineros del pueblo para asegurarle unos servicios
decentes de salud. El
administrador de esos programas y el pagador por los servicios al alcance de todo el pueblo era el
gobierno mismo, a través del Departamento de Salud, dirigido por un Secretario
de Salud.
Desde
1994, tras crearse, mediante una supuesta “reforma” de salud --- la tarjetita
de Rosselló ---, una red de aseguradoras privadas que especulativamente se
hicieron dueñas de la función del antiguo sistema --- el creado por la Constitución,
y que conocemos como el Plan Arbona --- la salud del pueblo se ha convertido en
un negocio, al servicio del lucro de sus inversionistas privados, pero con el
dinero público. Pedro Rossell,
Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vila, Luis Fortuño, se postraron ante el bíblico becerro de
oro, a cambio de contribuciones políticas clandestinas y sucias, a cambio de
los dineros del pueblo para los nuevos “colmillús” que Muñoz desenmascaró en
1940.
Esa
monstruosidad ética --- es decir, inmoral --- ha culminado en dos escándalos
aparatosos, productos de la superficialidad y llaneza moral de Alejandro García
Padilla.
En
primer lugar, la entrega total de los dineros del pueblo --- de los escasos
dineros del pueblo --- a una corporación de Wall Street con sede en Puerto Rico
--- la Triple S ---, en forma de
monopolio, para que disponga de los servicios médicos debidos al pueblo, como
mayordomos de finca en tiempos de la funesta Coalición de los años 30 del
pasado siglo: qué procedimientos
se pagan, quién se hospitaliza o no, quién tiene acceso a estudios especiales
necesarios en opinión de los médicos privados y los especialistas, qué medicamentos
se aprueban, en opinión de los contables de la Triple S, mientras se pretende
encubrir esa tirada al pueblo con el sanbenito repetido de acceso universal. Ni se provee acceso universal ni el
Departamento ni su Secretario tienen nada que decir sobre esas preguntas.
Lo que
en salud física han hecho con Triple S, han hecho en salud mental con el
monopolio de APS, la entidad mas desacreditada entre todas sus gemelas. Para eso han destruido a ASSMCA y su
claro progreso en acceso y tratamiento durante el cuatrienio de 2004 al 2008,
bajo la hábil y honesta dirección del doctor José Luis Galarza y un equipo
profesional dedicado y competente.
Para
culminar el proceso de entrega de la salud del pueblo a los buitres de las
aseguradoras, el Gobernador y el Senado han enviado a dirigir el Departamento
de Salud a un agente precisamente de Triple S, exempleado también de MMM, y
gerente de los servicios de diálisis del País: al doctor Francisco Joglar, buena persona pero pésima
selección para velar por los intereses de los pacientes frente a sus
benefactores de ayer.
Se
trata de un Secretario, por propia confesión, impedido para participar en los
asuntos de la salud del pueblo porque por dondequiera que opina saltan a la
vista sus conflictos éticos. Es
decir, precisamente en los asuntos de la salud del pueblo, tiene que declararse
inepto, ciego, sordo, mudo, porque cada opinión o acción suya sería, es ya, un
conflicto de intereses. Como
impedido por propia confesión, hay que referirlo al programa de educación
especial del Departamento de Educación, un programa precisamente para
impedidos. Por eso El Nuevo Día le
llama un Secretario a “medio pocillo”.
Dice el
doctor, y dice el Director de ASES, que Joglar, como Presidente precisamente de
esa Agencia supervisora de Triple S, no puede opinar sobre nada en las
reuniones que preside. ¿Quién va a
creerle a él, a Ricardo Rivera, y al Gobernador? Me parece que se han excedido en la clara intención de
mentirle al pueblo, como si fuéramos en verdad lo que Santini le dijo a Fortuño: ¡mamaos!
El Dr. Joglar ha sido maltratado por haber sido nominado y confirmado como Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Puede tener experiencias de trabajo en esas compañías y eso no lo convierte en un villano. La que debe ser revisada es la Ley de Etica Gubernamental que interpretan como les conviene y ponen cortapisas a todo cuando quieren. Prejuzgan sin evidencias de actuaciones indebidas. Llegará el día en que nadie querrá servirle a su pueblo si le van a mancillar su reputación sin haber ni siquiera actuación alguna que lance dudas sobre su integridad personal y profesional.
ResponderEliminarAgradezco su comentario pero está totalmente fuera de foco. El conflicto de intereses es una figura jurídica reconocida en todos los códigos políticos. En el fondo obedece a la sabiduría del pueblo que dice "dime con quién andas y te diré quien eres". El Partido Popular puso ese principio al frente de su programa político desde 1940. En su proceso de debilitamiento moral ha llegado a los mismos enfoques amorales del Partido Nuevo Progresista. Lo más lamentable del caso es que el doctor Joglar parece no tener noción del dilema ético en que se encuentra. Pero él no es el único responsable. Los que lo nombraron y lo confirmaron comparten su crisis.
EliminarQuisiera agradecer a la Sra/ta. Noelia López su contribución al dialogo en este foro. Aunque me parece que su comentario esta “fuera de foco” como dice el profesor, me parece que el profesor basa sus objeciones en fundamentos débiles y no en tierra firme. Me explico.
ResponderEliminarCuando el Dr. Joglar aceptó ser nominado al cargo de secretario de salud, pasó a ser una figura pública. Con esto el perdió muchas de las protecciones a su privacidad a cambio de el poder y el beneficio económico que representa ser secretario de salud. Nuestros derechos de libertad de expresión permiten y protegen el dialogo en materias de interés público y establecen límites diferentes en el ejercicio de la libre expresión. Para hacer comentarios de figuras públicas, no es necesario tener "evidencia de actuaciones indebidas."
Me parece desatinado que el profesor use el dicho "dime con quien andas y te diré quien eres" pues este dicho define, a mi parecer, la esencia del prejuicio. Si esto fuese adoptado como norma correríamos el riesgo de no tener personal médico que atendiera a los enfermos, capellanes o letrados que abogaran por los reos o criminales, maestros que se dedicaran a enseñar a los ignorantes...
No creo que lo que estamos discutiendo sea el de negar a una persona un derecho basado en un prejuicio. Me parece que tenemos que llegar a un balance entre el derecho personal del secretario y el derecho del pueblo de que oficiales de gobierno velen por el interés del pueblo. Las relaciones del secretario con la Tiple S pueden crear duda en la mente de un ciudadano razonable sobre cuales intereses el secretario esta protegiendo. Esa duda no debe existir pues socava la confianza del pueblo en su gobierno. Si aceptamos que el gobierno ejerce su poder solo con el consentimiento de los gobernados, la erosión de confianza debilita y hace menos efectivas las acciones del gobierno y por ende los intereses del pueblo quedan en riesgo. Esto no promueve los intereses del pueblo y no es consistente con el propósito del gobierno.
En años pasados el emperador Julio César expuso le perspectiva que a mi opinión es apropiada en esta situación. Para el que gobierna no es suficiente estar libre de evidencia de crimen. El que gobierna ni siquiera debe estar bajo sospecha.
El Dr. Joglar no supera esta prueba. Sin restarle a su honra y la obra que ha realizado, el doctor no es efectivo en esa posición y por tanto los intereses del público sufren.