Los Tres Puntales de la Reconstrucción Social – Parte I

De entre la vasta gama de necesidades y problemas que angustian a nuestro pueblo --- y que necesariamente constituyen la agenda urgente del nuevo gobierno --- se destacan tres que, por su naturaleza, tienen que constituir primerísima prioridad reconstructiva.

Se trata de la Salud, la Educación en todos los niveles, y la Seguridad.  Estas, junto a las docenas de otros reclamos de reparación, están condicionadas por una que corta a través de todas ellas, que es la Economía --- inversión, productividad, empleo, incentivos facilitantes --- al servicio del crecimiento y la justicia distributiva.  Porque, como decía Ralph Waldo Emerson, una economía desarrollada es el combustible de la magnificencia.  Es claro, por tanto, que lo que se pueda hacer en salud, educación y seguridad supone una economía dinámica, justamente distribuida.  Sin embargo, la reforma de estos tres componentes de la crisis social tiene sus propias exigencias, a partir de su propia naturaleza.

SALUD

Cuando estornudamos, yo o el otro, lo primero que la intuición orgánica nos lleva a exclamar, es el buen deseo de ¡Salud! ¿Por qué? Porque salud es vida.  La necesidad de una buena salud significa que la vida tiene que ser la primera prioridad de un estado bien fundado. ¿Cómo puede convertirse ese valor tan natural en una mercancía? ¿Cómo es que el lucro puede mediatizar el derecho a la vida saludable, el más fundamental y primario de todos los derechos?

En Puerto Rico, desde que Pedro Rosselló y Marcos Rodríguez Pujada decidieron en 1993 utilizar los bienes públicos --- hospitales, CDT’s y su regionalización organizada en tres niveles de atención (el Sistema Arbona) --- se convirtió la salud en una mercancía, en manos de los fenicios de las aseguradoras.  El gobierno se declaró incompetente para dirigir esos servicios, que hasta entonces se financiaron y se dirigieron con economía y competencia.  De momento se declara al gobierno incompetente para dirigir y financiar unos servicios universales de salud que hasta la fecha se había constituido como modelo de otras jurisdicciones.  Los incompetentes, claramente, eran ellos.

El PPD como gobierno tiene una responsabilidad de rescatar los dineros del pueblo de las manos depredadoras de las aseguradoras, sin ambigüedades ni lenguajes y  mensajes dobles.  La tarjeta de “Mi Salud” es un fraude financiero y un desastre administrativo, donde han permeado los embustes de Fortuño,  y que se han querido tapar con publicidad millonaria, a falta de servicios eficaces y honestos.  Para que esa abominación se corrija, el gobernador electo y su legislatura tienen que hablar claro, porque hay en el PPD políticos y cabilderos ligados a algunas de esas aseguradoras, que seguramente actuarán como retranca al compromiso contraído de un servicio universal de salud para todos los necesitados de él, con índices de ingreso establecidos y un sólo pagador.  El gobierno de Puerto Rico no puede declararse de antemano incapaz de administrar ese plan.

El nuevo plan universal de salud con un pagador único debe integrar ACCA, el Fondo del Seguro del Estado y quizás otras instituciones para robustecer la capacidad de manejo de reclamaciones y pago a los suplidores.  En todo caso, tiene que tratarse de un programa claro, sin ambigüedades, que realice lo que no pudieron o no quisieron hacer Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.  Llevamos doce años criticando la abominable “reforma” de salud de Rosselló mientras continuamos con ella.

Representa un escándalo moral y una blandenguería política el hecho de que el servicio público de salud esté a cargo de la Triple S , la corporación más corrupta --- por  propia confesión  --- de la comarca. ¿No recuerda el pueblo, y el PPD, a ACODESE? ¡Nada más con el testigo!