¿Por Qué y Para Qué el Gobierno?

El gobierno democrático-representativo moderno se inició tras la primera revolución inglesa de 1747 contra Carlos I Estuardo, que gobernaba en forma absolutista desde Escocia.

En esa “revolución” se afirmaron dos principios:  el gobierno constituido por representantes del pueblo en el Parlamento, y el gobierno limitado frente a los insolentes reyes absolutos.

El principio de contenido social de esa revolución estableció que, frente al uso del estado para el Rey, su oligarquía y su iglesia, el fin del estado es el Bien Común --- de todas las clases y no de una, la de los ricos hacendados, los grandes terratenientes y los obispos.

Esos principios pasaron por la Revolución Francesa de 1789, y por la Revolución Americana de 1776 hasta 1784, culminando con el proceso constitucional de 1787.

Principio esencial común a todos esos procesos políticos es el Bien Común como referente a toda acción pública.  Consecuencia principalísima de ese principio es la voluntad --- legal y  moral --- para que el estado, a través del gobierno, administre los recursos públicos en beneficio de todo el pueblo, rompiendo barreras de clase y de grupos.

En el ejercicio sencillo y honesto de derivar de esos principios formas de conducta pública que realicen el Bien Común, debemos anotar cómo diferentes gobiernos en Puerto Rico han respondido a la obligación de servirle a todo el pueblo --- Bien Común --- o el principio contrario, el gobierno de clase, de oligarcas económicos, de amigotes del príncipe, en una declarada gestión contra el gobierno mismo, en su concepto y naturaleza, dejando al pueblo, que es el que da el poder, a pie y sin moneda para el pasaje.

Pregúntese el lector de 50 años o más que asocia en su mente a los nombres de Don Manuel A. Pérez, Antonio Cuevas Viret, Milagros Guzmán?  Fueron, por muchos años, los centinelas de la probidad, la eficiencia, y la productividad del servicio público, como celadores del Bien Común a que tenían que responder los servidores públicos.

Pregúntese, además, el lector que se le asocia en su mente el recuerdo de Rafael Picó, Cándido Oliveras, Hermenegildo Ortiz, y otros Presidentes de la Junta de Planificación, antes de llegar a ella los títeres de Rosselló y Fortuño como abogados de empresarios, empresarios ellos mismos, o politiqueros despreciables.

La reflexión a que tienen que conducir estos hechos históricos no puede ser otra que la de sopesar las alternativas que se le presentan al elector --- a usted --- el próximo 6 de noviembre.

El desgobierno desguabinado de Luis Fortuño ha destruido todas las instituciones que marcaron en Puerto Rico --- de 1941 a 1992 --- una civilización política de vanguardia en la modernización económica y política de nuestro mundo latinoamericano, incluyendo gobernadores como Luis A. Ferré y Carlos Romero.  El pueblo ha anotado el dato en su conciencia, y rechazará a Luis Fortuño como el paquete, el fraude, el farsante, el embustero que ha sido y que continua pretendiendo ser.

Luis Fortuño no es gobernador de Puerto Rico.  Es enemigo del pueblo de Puerto Rico, porque dice, aquí y en Estados Unidos, que no cree en el gobierno como institución de servicio y de justicia.  ¿En qué cree entonces?  En el dinero, en el suyo y el de Luz Eufemia, y el de sus amigotes.  Imagínese el lector que en el 2008 Fortuño le hubiese advertido al pueblo, sinceramente, que él no creía en el gobierno.  Ustedes se hubiesen preguntado entonces:  ¿Y para qué quiere ser gobernador?  En menos de cuatro años le ha dado la respuesta:  para transferir el dinero del pueblo a la mafia corporativa que lo rodea.

  

El pueblo necesita volver a creer en su gobierno.  Es el único recurso colectivo que tiene para repechar la crisis que le ha creado este impostor.

Alejandro García Padilla cree en la función justiciera y de servicio del gobierno.  No aspira al gobierno para destruirlo y traicionarlo, como Fortuño.