Normalmente
la Corte de Apelaciones del Circuito de Boston remedia los errores o las politiquerías
de la Corte Federal de la calle Chardón.
No así en el caso que ante ella planteó el doctor Iván González Cancel
sobre su derecho de competir en una primaria para candidato a gobernador en el
PNP contra Luis Fortuño.
Las
cortes federales, cuando les conviene a su función ideológica, entran en
materias claramente estatales para imponer el poder federal. Cuando no les conviene se amparan en la
autonomía estatal para dilucidar conflictos políticos.
En el
caso del doctor González Cancel --- cuyas ideas políticas y partidistas yo no
comparto --- el asunto planteado es de gran monta: el derecho de un ciudadano, y de las docenas de miles que lo
endosaron, a una primaria.
Vergonzosamente la Corte decidió como decidía los casos sobre la
esclavitud o el prejuicio racial, prefiriendo el derecho del estado por sobre
el del ciudadano, a contrapelo de su propia Constitución y de la nuestra.
En
efecto, la Corte prefirió la opinión partidista de un comisario alcahuete del
PNP al mandato de la Constitución.
El
efecto de esta desgraciada opinión será el recuerdo, por el elector, de lo
acontecido en 1968, cuando otro gobernador, Luis Muñoz Marín, le negó una
primaria democrática a don Roberto Sánchez Vilella y fue debidamente castigado
por el electorado.
Lo que
la Corte de Boston ha hecho es colocar una interpretación viciada, por un
mandadero partidista, sobre los derechos democráticos de los ciudadanos. Recuerda demasiado a Alabama,
Mississipi y Louisiana antes de la legislación del Presidente Lyndon Johnson
sobre los derechos civiles de 1968.
Queda
en manos del pueblo entender y castigar ese secuestro de la democracia, aunque
haya sido declarado “legal”.
Porque se trata de un clavo adicional en el ataúd político de Luis
Fortuño.
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