Esa democracia
liberal, que se originó en Inglaterra hace 300 años y nos llega vía los Estados Unidos, está fundada en
tres principios o entendidos básicos.
En primer lugar, el gobierno limitado, que deja vastas zonas sociales y
de vida personal y privada al libre ejercicio de la libertad. La otra cara de este supuesto es la
concepción del gobierno como principal recurso para la paz y la seguridad, y de
reglamentación de las interacciones públicas, que incluyen la educación, la
salud, y la solvencia económica y justicia social como elementos del Bien Común. En este sentido, el gobierno es el recurso
colectivo de seguridad no sólo personal, sino social, por encima de los
intereses y egoísmos privados.
El
segundo supuesto exige un sistema electoral universal, de libre acceso, de
escrutinio riguroso y honesto que proteja, como se hace por mandato
constitucional en los Estados Unidos y Puerto Rico, la secretividad del voto,
de tal manera que se evite la persecución política, el carpeteo, y la
manipulación de los jurados con adeptos políticos de un lado o de otro.
Si no
existe confianza en ese proceso, porque el partido en el poder se roba las
instituciones normativas de ese derecho electoral---como ha hecho Luis Fortuño
con sus alicates del Tribunal Supremo---al ciudadano sólo le queda la calle para
confrontar a los nuevos bárbaros.
Ese es el costo de las inmoralidades supuestamente legales de Luis
Fortuño.
En
tercer lugar, una sociedad sin árbitros como los establece nuestra
Constitución, está abocada al descreimiento total o a la violencia. Al momento de escribir estas líneas eso
es lo que está sucediendo en Puerto Rico: Luis Fortuño le ha quitado el
gobierno al pueblo para entregárselo descaradamente a sus ricachos amigotes o a
sus cadres partidistas o a sus alcahuetes por contrato. En otras palabras, al PNP.
Se le
ha quitado además, el voto limpio y secreto al ciudadano para encubrir su
propio fraude en las recientes primarias.
Finalmente,
ha destruido la confianza pública en el poder judicial---léase Tribunal
Supremo---de tal manera que entre el gobierno de Fortuño y los partidos de
oposición, y los ciudadanos, no hay árbitros para determinar la justicia. Al convertir al Secretario de Justicia
en un oficinista de trámites del PNP, y al Tribunal Supremo en burdo tarugo
partidista de sus caprichos, podemos decir: ¡Adiós justicia, y adiós moral
constitucional!
Si Luis
Fortuño logra esa tirada fascista en el Tribunal Supremo, es decir, mediante
sus ayudantes políticos en ese Tribunal,
entonces la suerte estará echada: se robará las elecciones del próximo
noviembre y su Tribunal Supremo lo respaldará.
¡Ese es
el cambio!
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