Previo
a 1952, en las décadas y centurias del despotismo monárquico español, en Puerto
Rico no había estado. Había una
administración colonial establecida por y al servicio de la metrópolis. Hubo un amago de creación del Estado
Puertorriqueño mediante el régimen autonómico creado por Luis Muñoz Rivera y Práxedes
Mateo Sagasta, en 1897. Pero
apenas establecido, los Estados Unidos lo destruyeron en 1898. De ahí a 1952 rigió un sistema
administrativo clásicamente colonial, hasta 1952.
Socialmente,
económicamente, administrativamente, los hacendados del café, el tabaco y la caña, y sus políticos, abogados,
comerciantes y legisladores fungían de clases políticamente dominantes, pero en
realidad no existía el Poder Público, el Estado, como organización política del
pueblo. Existía una administración
que respondía, como en los tiempos de España, a las autoridades de la metrópolis,
Washington ahora, en vez de Madrid.
Los
fundamentos políticos de ese Estado Puertorriqueño creado por Luis Muñoz Marín
y el Partido Popular Democrático supuso quitarle el poder político al poder económico,
y crear unas instituciones --- Departamentos, Agencias, Planificación,
Personal, Presupuesto, y Juntas de todo tipo que planearan y tramitaran los
asuntos de los ciudadanos de una manera racional y efectiva, al margen de los
caciques y dueños colmillús de la economía privada, que eran poderosísimos.
Ese
proceso de creación y normalización del Estado Puertorriqueño va desde 1941 al
2008, independientemente de las guerras y cambios electorales. Por eso resulta tan dramáticamente
destructiva la gestión y la teoría de Luis Fortuño de que para servir al pueblo
hay que destruir el Estado, que es la forma jurídica, la matriz del gobierno. Se destruye el Estado, se reduce el
gobierno, ¿y quién gana? Gana la
nueva casta de colmillús que rodean y sostienen a Fortuño. Es una vuelta a los siniestros años 30
del pasado siglo.
Los
ejemplos burdos de esa faena de destrucción institucional saltan a la
vista: los hospitales, el
aeropuerto, las carreteras, los peajes --- todas obras del pueblo a través de
su Estado Puertorriqueño. ¿Quiénes
son los vendedores? Los mismos que
usó Rosselló para vender los hospitales a precio de quemazón: Marcos Rodríguez Pujada y Luis
Fortuño. ¿Quién financió esas
obras? El sudor del pueblo. ¿Quién se beneficia ahora con la privatización
que parece más venta que otra cosa?
Los nuevos colmillús, del patio o extranjeros.
La Constitución
de Estados Unidos habla de “bienestar general” como principio filosófico de
finalidad del estado. Porque
existe “un propósito público” en la democracia representativa. La comunidad democrática no es una
plaza comercial, es un organismo moral que aspira al Bien Común. Desde ese punto de vista Luis Fortuño
es un traidor moral al compromiso que hizo con el pueblo. Porque si le hubiese dicho la verdad de
lo que iba a hacer, jamás hubiese sido electo. Porque el pueblo no es suicida.
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