jueves, 19 de julio de 2012

La Venta del Luis Muñoz Marín

Las alianzas público-privadas que ha engendrado Luis Fortuño para disimular la privatización unilateral del patrimonio público son, transparentemente, ardides para vender el Bien Común al bien particular --- lo del Todo a la Parte.

Contratos de operación han existido siempre en el mundo occidental moderno.  Pero enajenar el único aeropuerto internacional de Puerto Rico con tal de atragantarse mil millones por adelantado, con los cuales tapar sus maromas financieras y fracasos económicos --- los del País, no los suyos, que están muy prósperos --- demuestra su crasa deslealtad a su responsabilidad contraída de mayordomo de los haberes públicos.

¿Cuánta de esa contentura privatística tiene que ver con que el aeropuerto se llama Luis Muñoz Marín?  La venganza política le resulta dulce a Luis Fortuño.

Ahora, por 40 años, cuando Luis Fortuño sea un mero recuerdo de pesadilla, el contratista que para todos los efectos compró el aeropuerto, podrá imponer las condiciones y tarifas que le venga en ganas sin poder el pueblo, según Fortuño, sin tan siquiera hacer preguntas.  Se trata, por tanto, de una expropiación al pueblo para vendérsela a los contratistas favoritos, porque el pueblo nada sabe de los cuartos oscuros, y ni aún la Legislatura.  Se trata de un secreto del gobernador y el Director de Puertos.

No se han detenido en el aeropuerto.  Vendieron los peajes de las autopistas, para que en adelante el público pague por usar las vías que financió con el sudor de su frente y de sus manos, a lo que le dé la gana a los contratistas por el próximo medio siglo.

El atraco al interés público ha sido tal que un inconsciente sentido de culpa ha llevado a la inmensa Jenniffer González a amenazar con terribles castigos a los representantes Jaime Perelló y Roberto Rivera --- alguien en el PPD tenía que sacar la cara por el pueblo inmoralmente expropiado --- por haber dicho la cosa más sencilla y justa del mundo:  que todos esos contratos tendrán que ser reevaluados en su día, sobre su legalidad, conveniencia y cumplimiento estricto.  Porque Fortuño no lo va a hacer.

De la misma manera que el pueblo revisa su contrato electoral cada cuatro años, los gobiernos que elige tienen la obligación de revisarlo todo a nombre del pueblo que lo necesita y lo demanda.

Tal parece que los estudios de derecho de la inmensa doña Jenniffer no terminaron bien, o no terminaron, o terminaron tuertos.  Por eso está a merced del “comité de odio” de sus damas de la Cámara, presidido por la Cucusa resentida y avara:  14 mil dólares mensuales que nos cuesta, sin las misas sueltas privadas.

Con ese asesoramiento, no hay posibilidades de agotar el fondo del ridículo cotidiano de la Jenniffer.  Su última aportación a la teoría del derecho --- bien asesorada por Cucusa --- consiste en excusar los delitos electorales de dos de sus empleadas porque se trata de asuntos personales.  ¡No en balde se colgó!

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