Contratos
de operación han existido siempre en el mundo occidental moderno. Pero enajenar el único aeropuerto
internacional de Puerto Rico con tal de atragantarse mil millones por
adelantado, con los cuales tapar sus maromas financieras y fracasos económicos
--- los del País, no los suyos, que están muy prósperos --- demuestra su crasa
deslealtad a su responsabilidad contraída de mayordomo de los haberes públicos.
¿Cuánta
de esa contentura privatística tiene que ver con que el aeropuerto se llama Luis
Muñoz Marín? La venganza política
le resulta dulce a Luis Fortuño.
Ahora,
por 40 años, cuando Luis Fortuño sea un mero recuerdo de pesadilla, el
contratista que para todos los efectos compró el aeropuerto, podrá imponer las
condiciones y tarifas que le venga en ganas sin poder el pueblo, según Fortuño,
sin tan siquiera hacer preguntas.
Se trata, por tanto, de una expropiación al pueblo para vendérsela a los
contratistas favoritos, porque el pueblo nada sabe de los cuartos oscuros, y ni
aún la Legislatura. Se trata de un
secreto del gobernador y el Director de Puertos.
No se
han detenido en el aeropuerto. Vendieron
los peajes de las autopistas, para que en adelante el público pague por usar
las vías que financió con el sudor de su frente y de sus manos, a lo que le dé
la gana a los contratistas por el próximo medio siglo.
El
atraco al interés público ha sido tal que un inconsciente sentido de culpa ha
llevado a la inmensa Jenniffer González a amenazar con terribles castigos a los
representantes Jaime Perelló y Roberto Rivera --- alguien en el PPD tenía que
sacar la cara por el pueblo inmoralmente expropiado --- por haber dicho la cosa
más sencilla y justa del mundo:
que todos esos contratos tendrán que ser reevaluados en su día, sobre su
legalidad, conveniencia y cumplimiento estricto. Porque Fortuño no lo va a hacer.
De la
misma manera que el pueblo revisa su contrato electoral cada cuatro años, los
gobiernos que elige tienen la obligación de revisarlo todo a nombre del pueblo
que lo necesita y lo demanda.
Tal
parece que los estudios de derecho de la inmensa doña Jenniffer no terminaron
bien, o no terminaron, o terminaron tuertos. Por eso está a merced del “comité de odio” de sus damas de
la Cámara, presidido por la Cucusa resentida y avara: 14 mil dólares mensuales que nos cuesta, sin las misas
sueltas privadas.
Con ese
asesoramiento, no hay posibilidades de agotar el fondo del ridículo cotidiano
de la Jenniffer. Su última
aportación a la teoría del derecho --- bien asesorada por Cucusa --- consiste
en excusar los delitos electorales de dos de sus empleadas porque se trata de
asuntos personales. ¡No en balde
se colgó!
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